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El presidente Juan Manuel Santos anunció hoy que el martes envió una nota de denuncia del Pacto de Bogotá (1948) al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, quien confirmó la recepción desde Quito.
Esto implica que desde el año que viene, cuando se haya cumplido el trámite de salida del Pacto, los asuntos relativos a la soberanía colombiana quedarán excluidos de la jurisdicción de la CIJ, principal órgano judicial de la ONU, aunque los nuevos límites marítimos con Nicaragua sí serán aplicados ya que la sentencia es anterior a la denuncia del Pacto y además inapelable.
"Con esta denuncia, Colombia no pretende separarse de los mecanismos de solución pacífica de controversias", indicó Santos para ratificar su compromiso "de recurrir siempre a procedimientos pacíficos" en litigios con otras naciones. Sin embargo, consideró que a Colombia no le debe "volver a suceder lo que ocurrió con el fallo del 19 de noviembre", cuando se vio afectada por un resultado "manifiestamente contrario a la equidad".
"La decisión que he tomado obedece a un principio fundamental: los límites entre los Estados deben ser fijados por los propios Estados. Las fronteras terrestres y los límites marítimos entre los Estados no deben quedar en manos de una corte, sino que deben ser fijados de mutuo acuerdo por los Estados mediante tratados", dijo el presidente.
Por su parte, la canciller María Ángela Holguín explicó en una rueda de prensa posterior que el fallo "hizo caso omiso" de "los derechos de los colombianos que viven en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina", ahora rodeado de aguas nicaragüenses, y además "le dio la espalda" al manejo medioambiental que se ha llevado a cabo hasta ahora en la zona.
"Estas líneas trazadas por la Corte, que para ellos son solo un grupo de coordenadas, representan para los colombianos, y muy especialmente para los habitantes del archipiélago, la grave afectación de la historia, la geografía, la vida misma y el sustento", aseguró.
El fallo dividió en dos un espacio natural declarado Reserva de la Biosfera por la Unesco en 2000 y puso en manos de Nicaragua un gran banco de pesca, así como la posibilidad de explotar el petróleo que permanece en el subsuelo marino, actividad prohibida por Santos desde 2011.
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