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El ministro analizó que el conflicto "dejó de ser un reclamo de la negociación colectiva a raíz de un aumento salarial para convertirse en una clara presión para que la actividad volviera a los sistemas de subisidios generalizados que es un tema que está finalizado".
Por eso, Tomado se mostró molesto con la actitud del gremio y los empresarios y afirmó que desde el gobierno "seguimos apostando al diálogo" para destrabar el conflicto que ya lleva cinco días.
De no alcanzarse un acuerdo, el titular de la cartera laboral indicó que las medidas a tomar irán "desde sanciones económicas hasta pedirle a la justicia que termine o suspenda la personería gremial del sindicato y en el caso de las empresas, cancelar la concesión".
Tomada señaló además que "el daño producido es de un nivel de irresponsabilidad que es inaceptable" y dijo que tanto el gremio como las empresas "tendrán que hacerse cargo de resolver los problemas pendientes de esta medida absolutamente intolerable".
Ayer, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) sancionó a las empresas de ómnibus por no acatar aún la resolución dictada por los ministerios de Interior y Transporte y de Trabajo de aplicar un aumento del 23 por ciento a los salarios de los trabajadores.
Tras anunciar las sanciones, el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, denunció que existe "complicidad" entre sindicalistas de la UTA y empresarios para mantener la protesta.
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