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Según se precisó, el informe de la fiscal es un análisis jurídico y comparativo entre la petición de un país extranjero (en este caso la Argentina) y las normas que se rigen para estos casos en Chile. En ese texto, Maldonado sostiene que "hay presunciones fundadas de la participación (de Romano) en los hechos, y existe mérito suficiente para presumir la participación del requerido en los hechos investigados".
La fiscal llegó a esta conclusión tras analizar el pedido de extradición de la Justicia argentina que le imputa al exjuez la privación ilegítima de libertad de 34 personas, privación de libertad de 26 personas, torturas respecto a 36 personas y allanamiento ilegal en cuatro casos.
Romano permanece en Chile bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna, y fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro de la Corte Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, hasta que su par Sergio Muñoz se hizo cargo de la causa.
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