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En representación del oficialismo, el diputado Roberto Feletti explicó que el objetivo de la iniciativa "es movilizar ahorros que hayan salido del circuito económico formal de la Argentina y reingresen para poner en valor y movilizar activos argentinos, sean muebles o inversiones en infraestructura, particularmente en hidrocarburos". "El objetivo fundamental es lograr un shock de inversión sobre activos cuyo valor Argentina ha defendido e invitar a quienes por distintas razones retiraron esos fondos lo apliquen nuevamente a artículos que hoy tienen valor", añadió.
El proyecto de blanqueo de divisas no declaradas autoriza al Ministerio de Economía a emitir el Bono Argentino de Ahorro para el Desarrollo Económico (BAADE) y el Pagaré de Ahorro para el Desarrollo Económico que estarán denominados en dólares. Los fondos recaudados en su emisión serán destinados, exclusivamente, a la financiación de proyectos de inversión pública en infraestructura e hidrocarburos. Asimismo, autoriza al Banco Central a emitir el Certificado de Depósito para Inversión (CEDIN) en dólares, que será endosable, como un medio para la cancelación de obligaciones en la moneda norteamericana.
Feletti ponderó la política económica del Gobierno de defender el valor de esos activos y la intención de "mostrar que Argentina es un país en el cual vale la pena apostar y eso lo demuestran todos estos años de crecimiento". Aclaró que "el único beneficio" que otorga la ley "es el de exención impositiva" y que a partir del momento en que el dinero ingresa al circuito bancario formal "las instituciones financieras de Argentina deben aplicar la normativa de lavado de dinero, y registrar quién es el depositante". Rechazó así los cuestionamientos de quienes aseguran que este "proyecto iba a transformar al país en un paraíso de narcolavadores".
El diputado de Nuevo Encuentro Carlos Heller, por su parte, se quejó de quienes sólo hablan de "blanqueo" y advirtió que el proyecto trata, en cambio, de "exteriorización de activos y amnistía o perdón fiscal". "Escuchamos una enorme cantidad de mentiras sobre la base de un desconocimiento absoluto del proyecto; ninguna de las disposiciones (de la norma) liberará a las entidades financieras de cumplir con lo establecido para la prevención del lavado", aseguró Heller, quien subrayó que "mantienen su vigencia todas las obligaciones del sistema financiero a cualquier tipo de ilícito, a excepción de la cuestión fiscal". Heller definió como una "absurda mentira" que el proyecto tenga una vinculación "con el delito de lavado" y consideró que los ataques a la iniciativa son "una suerte de patraña que se va encadenando y que no tiene nada que ver con la calidad del texto".
Desde la vereda opuesta, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto, el radical Miguel Giubergia, apuntó que la norma "penaliza al que paga regularmente sus impuestos, ya que se eliminan los regímenes de facilidades de pago, con el único objeto de maximizar la recaudación mensual". Federico Pinedo, jefe del bloque PRO, entendió que, con la iniciativa, "el gobierno reconoce que está teniendo problemas, como por ejemplo la caída de reservas del Banco Central, y, en vez de recorrer las causas, toma esta medida de endeudarse con delincuentes y evasores".
También desde el PRO, el diputado nacional Pablo Tonelli advirtió que el proyecto "contradice lo que está previsto en el nuevo Código Civil y viola la Constitución y tratados internacionales". Alfonso Prat Gay, de la Coalición Cívica, consideró que la iniciativa "discrimina a la moneda local" porque le da "privilegios" al que tiene los dólares en negro por encima del que tiene pesos.
La socialista santafesina Alicia Ciciliani adelantó que su bloque rechazará la propuesta por considerar que es una "política activa del Estado a favor de la industria del lavado de activos". Eduardo Amadeo, del peronismo disidente, aseguró que con esta ley "no se va a salir nunca más a los mercados de financiamiento" y advirtió que la Argentina y Corea del Norte "son los únicos países que se niegan a solicitar financiamiento en el mundo pidiendo a sus ciudadanos que paguen gastos con un nivel de presión impositiva insoportable".
Una vez que se vote la norma que habilita la exteriorización de capitales, la Cámara abrirá el debate de la iniciativa que establece el acceso por concurso a la carrera judicial, la última del paquete de seis leyes enviadas por el Poder Ejecutivo al Congreso para reformar el Poder Judicial.
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