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Hace un mes la fiscal de la Corte Suprema de Chile, Mónica Maldonado, entregó su informe al ministro Muñoz respecto a la viabilidad de la extradición de Romano. En él señaló que "hay presunciones fundadas de la participación (de Romano) en los hechos, y existe mérito suficiente para presumir la participación del requerido en los hechos investigados".
Maldonado llegó a esta conclusión tras analizar el pedido de extradición de la justicia argentina que le imputa a Romano la privación ilegítima de libertad de 34 personas, privación de libertad de 26 personas, torturas respecto a 36 personas y allanamiento ilegal en cuatro casos.
Según se precisó, el informe de la fiscal es un análisis jurídico y comparativo entre la petición de un país extranjero (en este caso la Argentina) y las normas que se rigen para estos casos en Chile. Romano reside en la localidad de Reñaca, en la costa chilena, desde septiembre de 2011, cuando llegó a ese país tras huir de Mendoza, en momentos que el Consejo de la Magistratura aprobaba su destitución.
Entre enero y febrero de 2012, Romano, quien permanece en Chile bajo la figura de "arraigo" y con detención domiciliaria nocturna, fue sometido a extensos interrogatorios a cargo del ministro Adalís Oyarzún, quien instruyó el proceso de extradición en su contra desde un comienzo, y luego fue el juez Muñoz quien se hizo cargo de la causa de extradición.
Romano no es el único juez mendocino que deberá enfrentar un juicio por delitos de lesa humanidad, ya que en la lista se encuentran también Luis Miret, Guillermo Max Petra Recabarren, Rolando Evaristo Carrizo y Gabriel Guzzo. En el caso de Miret y Romano, ambos fueron destituidos por el Consejo de la Magistratura, luego de que este considerara que no estaban aptos para seguir ocupando sus cargos tras las denuncias por delitos de lesa humanidad.
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