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En una nueva decisión contraria al Gobierno nacional, la Sala A del tribunal dictó la medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo acerca de la validez de la norma. La Cámara suspendió la aplicación del inciso A, segunda parte, en los apartados I y II del artículo 20 de la ley 26.831, hasta que la causa quede con un juez definitivo y haya sentencia de fondo.
El artículo cuestionado faculta a la CNV a enviar veedores con poder de veto a una empresa cuando considere que pueden resultar "vulnerados los intereses de los accionistas minoritarios" y además disponer intervenciones de hasta seis meses.
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