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La exhumación del cuerpo de Joao Goulart, sepultado en su ciudad natal, Sao Borja, en el estado de Río Grande do Sul, fue decidida por la Comisión de la Verdad, que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura, y se basa en las sospechas de la familia de que el infarto que mató al exmandatario fue causado por un veneno suministrado por agentes de la represión en el marco del Operativo Cóndor, una verdadera internacional de la represión del Cono Sur.
Según la abogada Rosa Cardoso, de la Comisión de Río Grande do Sul, existen "indicios concluyentes" de que Goulart fue vigilado en el exilio por el Operativo Cóndor, y por esto no se puede descartar la posibilidad de que haya sido asesinado por orden de la dictadura brasileña.
La familia de Goulart sospecha que el expresidente fue envenenado por un agente argentino por orden del comisario Sergio Fleury, uno de los principales represores de la dictadura brasileña, versión que ha sido respaldada por el exagente uruguayo Mario Neira Barreto, detenido desde 2003 en Brasil por asalto a un banco y tráfico de armas, quien aseguró que participó en la colocación de una pastilla con potasio y cloruro deshidratado en uno de los medicamentos que ingería diariamente el exmandatario para tratar sus problemas cardíacos. Pese a que Neira nunca ofreció pruebas de sus afirmaciones, su confesión motivó la investigación de la Cámara baja brasileña -que terminó sin conclusiones en 2001- y del Ministerio Público de Río Grande do Sul.
La posibilidad de exhumar el cuerpo del expresidente fue rechazada durante varios años por su hijo Joao Vicente, quien recién la autorizó después de recibir del gobierno de Rousseff garantías de que la actual tecnología es capaz de detectar la presencia de un veneno suministrado hace casi cuatro décadas.
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