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El fiscal del caso, Pedro Horrach, consideró en un escrito que el magistrado despliega una "teoría conspiratoria" para "justificar la existencia de indicios delictivos que avalen la imputación" de la infanta Cristina. Se refiere así al cuestionamiento que el magistrado hizo de la fiabilidad de informes de la Agencia Tributaria que descartaban que la infanta hubiera cometido delitos fiscales.
La Agencia Tributaria dio por buenas tres facturas falsas de 2007 presentadas por la infanta, lo que luego fue ratificado por el juez Castro. El fiscal, sin embargo, pide al magistrado que antes de interrogar como imputada a la infanta tome declaración a los inspectores de Hacienda que investigaron la actividad económica de la infanta en la empresa Aizoon, de la que es copropietaria junto a Urdangarin y que este habría utilizado de pantalla para defraudar y desviar dinero público.
El marido de la infanta Cristina está imputado desde hace dos años, sospechoso de haberse apropiado junto a su exsocio de seis millones de euros de dinero público cuando estaba al frente del Instituto Nóos, una organización sin ánimo de lucro vinculada al mundo del deporte.
"Si el propio juez pone de manifiesto 'dudas' (...) acerca de la apariencia delictiva de las conductas de naturaleza tributaria atribuidas a doña Cristina de Borbón (...) convendrá que es imperativo citar a quienes pueden y deben despejar sus dudas", señaló el fiscal Horrach. "Se corre un grave riesgo de que la toma de declaración de doña Cristina de Borbón verse sobre reproches éticos y no sobre hechos presuntamente delictivos", agregó.
Esta es la segunda vez que el juez Castro imputa a la infanta Cristina en el llamado "caso Nóos". La primera fue en abril del año pasado, cuando el magistrado la consideró cómplice de su marido, si bien la infanta y la fiscalía recurrieron esa imputación y una instancia judicial superior la anuló. En esta ocasión, Cristina, de 48 años y séptima en la línea de sucesión, ha decidido no recurrir la imputación, en un cambio de estrategia que parece querer evitar mayores daños de imagen a la institución monárquica.
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