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Tanto el presidente de la comisión de Justicia y Asuntos Penales, Pedro Guastavino; como el de Presupuesto y Hacienda, Aníbal Fernández, citaron a los legisladores a la reunión de mañana a las 11 para “debatir el dictamen” y “pasarlo a la firma”. Durante la reunión de mañana el oficialismo firmará el dictamen, aunque antes presentará algunos de los cambios que se introducirán al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.
Entre las modificaciones, se dejaría afuera la figura de “conmoción social del hecho” para dictar una prisión preventiva, y además se modificará el artículo 35, vinculado con la expulsión de inmigrantes cuando sean encontrados en flagrancia delictiva.
Hoy se realizó la última jornada de audiencias públicas, que fue abierta por el jurista Alberto Binder. El especialista se declaró “extremadamente favorable al cambio” del sistema inquisitivo por el “acusatorio, tras lo cual aseguró que “va a tener un impacto institucional inmenso”. “Es un paso enorme para acabar con la figura del juez de instrucción que significa una concentración de poder inadmisible en un sistema republicano”, afirmó.
No obstante, propuso algunas modificaciones, como permitir que, además de las víctimas, los organismos que representen intereses colectivos puedan ser querellantes. También aseveró que “sin dudas hay que discutir una ley del ministerio público” y agregó que “se necesitan generar condiciones para que los fiscales sean independientes” ya que “el Procurador no debe poder dar instrucciones a los fiscales”.
Por su parte, el secretario general de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, dijo que el nuevo Código le causaba “muchísima preocupación”. “No porque estemos en contra del sistema acusatorio, tampoco porque no queramos una justicia que resguarde los derechos humanos y sociales", justificó para luego señalar que "la intención detrás de este proyecto es otra".
Para Piumato, se trata de “una excusa para conseguir lo que no pudieron hacer el año pasado”, en referencia a las leyes de reforma de la justicia que fueron aprobadas por el Congreso e impugnadas por la Corte Suprema de Justicia.
En tanto, los funcionarios de la Procuración Penitenciaria, Ariel Cejas Meliare y Rodrigo Borda, abordaron la cuestión de los encarcelamientos. Cejas Meliare evaluó que “la prisión preventiva debería estar limitada y rechazarse conceptos genéricos como la ‘conmoción social’”. Borda, por su parte, expresó su “preocupación” porque “se haya cercenado toda referencia al plazo de la prisión preventiva” ya que “al no ponerle límites se estaría legislando en contra de la Constitución”.
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