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La declaración de servicio universal de los servicios de tecnología de información y comunicaciones (tics), la nueva autoridad de aplicación, la disposición de tarifas y las formas de asegurar la competencia fueron los ejes de la primera etapa de la reunión de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de expresión del Senado de la Nación, en la que expusieron su visión del proyecto Argentina Digital, entre otros, la empresa Telefónica de Argentina, Cablevisión y la Asociación de Televisión por Cable (ATVC).
El director de Secretaria General de Telefónica tuvo un cruce con el senador Rubén Giustiniani, quien le aclaró que por el proyecto la telefonía fija dejaba de ser servicio público y por lo tanto perdía la obligación de respetar tarifas fijadas por el estado nacional. "La ley los beneficia ampliamente", sostuvo Giustiniani, a lo que Pinedo consideró que los senadores "tienen una visión más apreciativa de la norma que la nuestra".
"Nuestra percepción es que la calificación de servicio público no es per se garantía de buen servicio, o servicio de calidad", sostuvo Pinedo para agregar que al declarar de "interés público" a los servicios TICS entienden que el regulador "puede fijar tarifas".
La presidenta de la comisión, Liliana Fellner, consultó puntalmente al representante de Cablevisión, Carlos Montini, y al titular de ATVC, Walter Burzaco, por su postura sobre una eventual declaración de internet como servicio universal.
Montini, consideró que esa declaración "no tiene sentido", y que a los "servicios que funcionan en competencia -como internet- lo que hay que hacer es regularlos". Burzaco, por su parte, señaló que "internet nació como algo libre y su desarrollo surgió de esa manera" y agregó que los cableros "hemos llevado internet al interior del interior, más allá del servicio universal", en referencia a los proyectos que deben financiarse con ese fondo para cubrir con servicios a los grupos socioeconómicos o zonas consideradas no rentables.
El representante de Telefónica coincidió con la exposición de la empresa Cablevisión, perteneciente al Grupo Clarín, al criticar la creación de la autoridad de aplicación de la futura ley. "El Estado tiene que tener un órgano de aplicación profesional con gente capacitada, que entienda del negocio y hacer desarrollarla y que crezca para que puedan crecer las inversiones", consideró Montini.
Al respecto Pinedo cuestionó la "vaguedad" de los términos en la redacción de la "política regulatoria para los próximos años" y remarcó la necesidad de que estén claros los "parámetros de idoneidad" de la autoridad de aplicación que se crea, según el proyecto en discusión, porque eso "es la base de la delegación de facultades".
Ayer, el especialista Martín Becerra, elogió que el proyecto sea "muy favorable a la convergencia", aunque dijo que era "menos riguroso con las telefónicas de lo que la Ley de Medios es hacia los medios".
Por su parte, el integrante del Directorio de la AFSCA, Marcelo Stubrin, señaló que el Estado "hizo una gran inversión en la instalación de 30.000 kilómetros de fibra óptica" y en el lanzamiento al espacio del satélite AR-SAT 1, pero indicó que "no nos han dicho cuándo se van a empezar a usar".
Asimismo, advirtió que "la Ley de Medios va en dirección del control y de evitar la concentración monopólica, y esta ley de Argentina Digital va en dirección contraria".
En tanto, el especialista en telecomunicaciones, Henoch Aguiar, reclamó que la autoridad de aplicación de la nueva ley sea "autónoma" del Poder Ejecutivo y dijo que el proyecto es "un regalo para las empresas de telefonía".
Finalmente, Darío Oliveri, de la Cámara Cooperativa de Telecomunicaciones, y Ariel Argüello, de la Cooperativa Telefónica de La Pampa, si bien mencionaron su "beneplácito" por la nueva ley, coincidieron en criticar el proyecto porque, según ellos, favorece a las telefónicas.
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