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En un documento conjunto, los representantes de 25 pueblos indígenas, enmarcaron la situación actual de sus comunidades en la "profundización sin precedentes de la desigualdad y el empobrecimiento, la violación de los derechos humanos, la incapacidad del sistema judicial, la explotación y saqueo de los llamados 'recursos naturales' (biodiversidad para los pueblos indígenas) y, por consecuencia, el destrozo del medio ambiente, la salud humana y el patrimonio cultural".
En ese sentido, los pueblos indígenas reivindicaron: "Venimos desde nuestros territorios ancestrales para manifestar que seguimos vivos como pueblos y culturas indígenas, para dejar una vida en base a nuestros principios y valores a las próximas generaciones". Por eso, sostuvieron que continuarán "defendiendo cualquier violación de nuestros pueblos y derechos, y protegiendo a nuestras tierras y territorios".
Las autoridades indígenas volvieron a denunciar el incumplimiento de los "derechos, reconocidos en el Derecho Internacional Público y consagrado en la Constitución Nacional, Constituciones Provinciales y diversas leyes nacionales y provinciales" y la "solicitud de diálogo no ha sido nunca correspondida" por parte de los gobiernos locales y nacional, que "continúa violando con total impunidad las leyes nacionales y los acuerdos internacionales ratificados sobre los derechos indígenas, así como el derecho ambiental internacional y el derecho a tener una vida sana y saludable".
Además, subrayaron que "en los últimos 10 años, decenas de hermanas y hermanos han sido asesinados por las balas de la policía, los mercenarios y los terratenientes que asaltan nuestros territorios".
"Mas de mil hermanas y hermanos están siendo judicializados por defender sus territorios y la Naturaleza. Hay represión, intimidación y un plan sistemático de judicializar nuestra resistencia y la protesta de nuestros luchadores que defienden la vida, nuestros territorios y la Madre Tierra", agregaron.
Ante esta situación, los representantes de los pueblos originarios volvieron a solicitar un espacio de diálogo "para todo proceso de construcción política, proyecto de ley o actividad nacional y el respeto por los principios democráticos básicos", entre ellos, "la consulta con los pueblos indígenas para cualquier proyecto del llamado desarrollo respetando nuestras estructuras, autoridades y tiempos".
"Durante estos tres días, escuchamos dramáticos testimonios de hermanas y hermanos sobre la situación de injusticia que se vive en los territorios", señalaron en la declaración final de la cumbre y enumeraron entre las problemáticas: "la exploración y explotación convencional del petróleo y el Fracking, la minería, los desmontes, la contaminación, el avance sojero, las represas hidroeléctricas, la falta de atención sanitaria".
En ese sentido, destacaron la "preocupación por la protección de nuestro patrimonio genético que se ve amenazado por industrias que emiten contaminación tales como la radiación nuclear, los organismos genéticamente modificados (por e j. Monsanto) y experimentos de biotecnología".
Por último, el comunicado final de la cumbre exigió la derogación de la ley antiterrorista, el desprocesamiento de todas las autoridades indígenas procesadas y que la presidenta Cristina Kirchner reciba " de manera urgente a los hermanos de QOPIWINI que hace 104 días acampan por segunda vez en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires, denunciando la sistemática violación de sus derechos".
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