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La denuncia había sido radicada por la Unidad de Información Financiera de Jorge Sbatella e impulsada por el fiscal de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), Diego Iglesias; y del fiscal de delitos contra la Administración Pública Néstor García Paradiso.
El requerimiento del fiscal incluyó un pedido de informes al gobierno nacional sobre los contratos publicitarios suscriptos para los partidos transmitidos por el plan oficial Fútbol Para Todos.
Hugo y Mariano Jinkis, padre e hijo respectivamente, gozan de libertad en Argentina mientras tramita un juicio de extradición a los Estados Unidos, mientras que Alejandro Burzaco se encuentra en ese país, donde consiguió su excarcelación bajo fianza de 20 millones de dólares y restricciones ambulatorias.
El planteo de Pollicitas fue hecho ante el juez federal Daniel Rafecas, a quien solicitó copias del expediente por extradición que tramita Claudio Bonadio y la causa sobre los fondos de Fútbol Para Todos, a cargo de María Servini de Cubría.
En el escrito se sostiene que los acusados "habrían obtenido los derechos económicos exclusivos de diversos eventos futbolísticos en los que participó el Seleccionado Argentino de Fútbol, desde al año 1991 hasta la actualidad, mediante el pago de sobornos a las autoridades/dirigentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), hechos que se encontrarían investigados en los Estados Unidos de América y por los que se habrían solicitado la detención de los imputados".
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