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"La sociedad conoce a los moralistas sin moral, ¿Quién tiene una biografía lo suficientemente limpia e intachable para atacar a mi honra, quién?", preguntó Rousseff anoche ante una platea en la que se encontraba su mentor político, el expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, quien también ayer arengó contra la oposición al recordar que cuando a él le tocó perder las elecciones, volvió a su casa y lamió sus heridas.
Rousseff dijo que nunca se dio una "batalla a la corrupción" como la librada por su gobierno y el de Lula, en un discurso pronunciado horas después de que el Supremo Tribunal Federal (STF, corte suprema) hiciera lugar a una medida del Partido de los Trabajadores (PT) que frenó el inicio de un eventual juicio político.
La iniciativa del juicio es promovida por el opositor Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB), del senador Aécio Neves, excandidato a la presidencia en las elecciones de octubre de 2014, en las que perdió por estrecho margen con Rousseff. La mandataria acusó al PSDB sin citarlo explícitamente de estar movido por "la voluntad de producir un golpe contra las leyes y las instituciones que es explícita". Lo afirmó anoche en San Pablo y lo reiteró luego en su cuenta de Facebook.
La Presidenta recibió en la víspera la visita y el respaldo del secretario general de la Unasur, Ernesto Samper, y del candidato presidencial del Frente para la Victoria, Daniel Scioli, quienes se sumaron a los jefes de Estado Nicolás Maduro (Venezuela) y Evo Morales (Bolivia), que alertaron del intento de golpe por parte de la oposición brasileña.
"No va a haber impeachment y no al tercer turno" coreaban los asistentes del acto organizado por la Central Única de los Trabajadores (CUT), en el que también participó el expresidente uruguayo, José Mujica.
Pese al apoyo internacional y la decisión de la Corte, la oposición anunció en la jornada que se propone apelar la medida cautelar dictada por tres jueces del STF que dificulta el inicio de un juicio con miras a la destitución de Rousseff.
Mientras tanto, asesores del gobierno comenzaron a tener puentes con Eduardo Cunha, titular de Diputados, y uno de los enemigos declarados de Rousseff, pese a pertenecer al partido aliado Partido Movimiento Democrático Brasileño (PSDB). "Para el Planalto (Ejecutivo) la victoria en el Supremo Tribunal Federal es una oportunidad para establecer un tregua con Cunha", publicó hoy el sitio de noticias del diario Estado de San Pablo.
De cualquier modo, un eventual acuerdo entre Rousseff y Cunha no disuade a los socialdemócratas de volver a la carga con otro pedido de juicio para apartar a la mandataria de su cargo. El principal argumento de la oposición recae en los balances contables del gobierno correspondientes a 2014, porque entienden que retrasó el giro de fondos a bancos estatales para disimular el déficit fiscal, lo que configura una violación de la Ley de Responsabilidad Fiscal.
El Ministerio de Desarrollo Social, por su parte, se defendió y advirtió que los "pedaleos (giros) fiscales" no se utilizan para financiar al Gobierno sino para cubrir los desfasajes financieros del programa Bolsa Familia, que la Caixa devuelve cuando recupera sus saldos positivos.
Neves, a su vez, tomó distancia del jefe de la Cámara de Diputados cuando comentó que el legislador debe asumir su "defensa" y demostrar su inocencia respecto de los cargos que le imputa la Procuraduría, que denunció que Cunha era titular de cuatro cuentas secretas en Suiza en las que depositó dinero presuntamente obtenido de sobornos realizados en el marco del escándalo de Petrobras.
La denuncia había causado tensión entre el PSDB y Cunha durante el fin de semana, cuando esa agrupación presentó una nota oficial pidiendo al jefe de Diputados que deje su cargo. Al parecer las divergencias se profundizaron luego de que ayer fracasara la iniciativa de los socialdemócratas y Cunha, de poner en marcha el juicio contra Rousseff frente a la decisión del STF.
Al final, Cunha afirmó que ya no está seguro de dar curso al pedido de impeachment contra Rousseff impulsado por los socialdemócratas y que deberá analizar los argumentos jurídicos de los pedidos pendientes. “No tengo tregua porque no tengo una guerra”, aclaró el titular de Diputados, y agregó: “No necesito tener tregua ni guerra. Tengo que cumplir con mi función. Si tengo que tomar decisiones y eso sí puede significar una guerra o una tregua para los demás. Es una cuestión de interpretación. No hice nada distinto a lo que dije que iba a hacer”. Al mismo tiempo aseguró que aún tiene tiempo para presentar una apelación a la decisión del STF y que no se siente presionado por ninguna fuerza política.
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