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Apenas la Cámara Federal de La Plata confirmó el jueves de la semana pasada que el tarifazo seguiría suspendido hasta que la Corte Suprema dicte un fallo sobre el tema, desde el máximo tribunal dejaron trascender que la solución tenía que ser política. Fue una manera elegante de dejarle en claro al gobierno que no estaban dispuestos a convalidar la decisión de aplicar un ajuste sin antes haber convocado a audiencia pública. El presidente Mauricio Macri y varios de sus funcionarios se reunieron ese mismo jueves y evaluaron distintas alternativas hasta que se impuso la idea de realizar una “audiencia informativa” para tratar de salvar el tarifazo. El ministro de Energía, Juan José Aranguren, fue el encargado de defender la propuesta el lunes. “Si la Corte no avala el aumento, nos impedirá seguir recomponiendo el sistema energético”, aseguró. En Tribunales se sorprendieron por la endebles de sus argumentos, económicos más que jurídicos, y comprendieron que es necesario dictar un fallo la semana próxima porque la solución que propone el oficialismo va a estar lejos de ponerle fin al conflicto. Incluso en el gobierno hay varios funcionarios que consideran inviable realizar esa “audiencia ad hoc” y han estado presionando para mejorar la propuesta. Por eso, la convocatoria no apareció en el Boletín Oficial ni martes ni miércoles y anoche todavía no confirmaban que hoy fuera a estar publicada.
El Gobierno sabe que tarde o temprano el aumento va a entrar en vigencia porque el Poder Ejecutivo es el encargado de establecer la política tarifaria y la audiencia pública no es vinculante, tal como está previsto en el artículo 6 del reglamento general de audiencias que figura como anexo del decreto 1172/2003. El problema es que el objetivo del oficialismo no sólo es que las subas comiencen a regir sino que se apliquen de manera retroactiva, al 1 de abril para el gas y al 1 de febrero para la luz, y para ello no alcanza con realizar la audiencia porque la finalidad de ese tipo de encuentros no es convalidar actos de gobierno ya implementados sino permitir y promover la efectiva participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones. Para hacer efectiva la suba en la tarifa de luz desde febrero la audiencia se debería haber convocado antes de esa fecha y no seis meses después. La misma lógica se impone en el caso del gas.
A comienzos de año, el gobierno evalúo la posibilidad de convocar a audiencias públicas, pero finalmente descartó esa posibilidad porque el proceso hubiera demorado varios meses la entrada en vigencia del tarifazo. En lo que refiere a los precios mayoristas de la energía eléctrica y del gas, aseguraron que no hacía falta convocar a audiencia porque el segmento de la producción está desregulado, pero como en el caso de las tarifas de distribución no podían justificar no hacerlas, decidieron que lo mejor era decir que ya se habían hecho, pero a mediados de la década pasada. El argumento fue que el tarifazo no era consecuencia de una Revisión Tarifaria Integral (RTI) sino de una “adecuación transitoria” que continuaba con una negociación contractual iniciada en 2003 y que todavía no había concluido porque el gobierno de Néstor Kirchner la dejó inconclusa. “La audiencia pública para dicha adecuación transitoria fue oportunamente celebrada con plena participación de usuarios y consumidores, así como de las asociaciones que quisieron participar, por lo que no tiene ningún sustento lógico pretender la celebración de una nueva audiencia pública a los mismos fines”, aseguraron los abogados del Ministerio de Energía ante la Justicia. El argumento fue rechazado no solo por las asociaciones de consumidores sino también por distintos juzgados, incluida la Cámara Federal de La Plata.
Cuando la Corte Suprema dejó trascender de manera informal que tampoco avalaría ese argumento sorprendente, entonces se decidió cambiar y anunciar una “audiencia informativa ad hoc”, un simulacro de audiencia para intentar validar el tarifazo de manera retroactiva. “No estamos en condiciones económicas, políticas ni energéticas de retroceder con la aplicación de los aumentos”, señalaron a Página/12 desde el gobierno el lunes al justificar el camino elegido. La propuesta oficial fue cuestionada por el conjunto de las asociaciones de consumidores e incluso en Tribunales se sorprendieron con la precarizad de los argumentos. Por eso el martes el máximo tribunal tomó la decisión de avanzar lo antes posible con el dictado de un fallo, independientemente de lo que vaya a hacer el gobierno y le solicitó a la Procuraduría General de la Nación que emita su dictamen con celeridad. Además, ese mismo día tomó una decisión que pasó relativamente desapercibida, pero que constituyó un nuevo desaire al gobierno. El Ministerio de Energía había presentado el viernes un recurso en queja para que la Corte revirtiera la decisión de la Cámara y restableciera la vigencia del tarifazo mientras resolvía la cuestión de fondo. La Corte tenía tres opciones: tratar el pedido y aprobarlo, tratarlo y rechazarlo o directamente no tratarlo. Finalmente, se inclinó por la última opción ya que consideraron que era la manera más diplomática de rechazar el pedido.
En el Gobierno mientras tanto predomina el desconcierto porque se comprometieron públicamente a convocar a una audiencia, pero saben que la propuesta que el lunes explicó Aranguren tiene falencias. Por eso demoraron la publicación de la convocatoria y en las últimas horas comenzaron a redefinirla sobre la marcha diciendo que no solo será “informativa” sino también “participativa”. Más allá de las formas, los juristas coinciden en que es imposible que una audiencia pública sirva para validar un aumento de tarifas de manera retroactiva.
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