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La paciencia tiene un límite y la paciencia de la CGT se está agotando: si antes del próximo jueves el Gobierno no responde satisfactoriamente sus reclamos, la central obrera convocará a un paro. Así quedó establecido en la reunión de ayer del Consejo Directivo, en la que hasta los más dialoguistas elevaron el tono de sus críticas contra la política económica y social de Mauricio Macri y todos coincidieron en que “si lo que ofrecen es ridículo, habrá medida de fuerza”.
A una semana de su última reunión con funcionarios nacionales, las expectativas de los sindicalistas no son buenas. La conducción de la CGT fue facultada por el Comité Central Confederal a convocar a una medida de fuerza cuando lo considere conveniente. Con esa carta en su poder el triunvirato integrado por Juan Carlos Schmid, Héctor Daer y Carlos Acuña fue el jueves de la semana pasada al Ministerio de Trabajo y explicitó cuáles son sus condiciones para desactivar el paro: que haya “una compensación de fin de año para los trabajadores activos de los ámbitos privado y público, jubilados y pensionados, y beneficiarios de planes sociales” y una “exención del medio sueldo anual complementario de diciembre del Impuesto a las Ganancias”. Ambos puntos quedaron plasmados en un acta que los sindicalistas firmaron con los hombres del Gobierno que los recibieron –los ministros Alfonso Prat-Gay, Jorge Triaca, Francisco Cabrera y Rogelio Frigerio– al que le concedieron diez días para elaborar una propuesta.
De esos diez días ya pasaron la mitad y las declaraciones de los funcionarios macristas no son auspiciosas. Ayer mismo, Triaca adelantó que el bono de fin de año que reclama la CGT sería concedido solo a los beneficiarios de programas sociales, jubilados y los trabajadores que perciben los salarios más bajos. “Se está estudiando si se puede excluir en diciembre para algunos tramos de ingreso”, precisó sobre la reclamada exención de Ganancias.
A lo que dicen los funcionarios nacionales, se suman manifestaciones de gobiernos provinciales y sectores empresarios sobre la dificultad de otorgar en diciembre una suma que el sindicalismo considera necesaria para compensar la pérdida de poder adquisitivo que produjo la inflación.
En ese marco, el Consejo Directivo de la CGT se reunió ayer y analizó la situación. “Hasta los más tibios se volvieron duros”, relató a Página/12 uno de los sindicalistas que participó de la reunión. Los principales fogoneros del paro son los gremios que integran la Corriente Federal de Trabajadores, en la que sobresalen los bancarios, y los alineados con el moyanismo. Otros sindicatos, en cambio, sostienen la necesidad de mantener el diálogo y argumentan que de lo contrario se corre el riesgo de que se interprete que la central sindical pretende desestabilizar a Macri.
Esas diferencias quedaron bastante diluidas en las dos horas y media que los consejeros directivos de la CGT debatieron en la sede de la calle Azopardo. En la reunión estuvieron casi todos los integrantes del Consejo Directivo y hubo coincidencia en que si el Gobierno hace una propuesta “ridícula”, la central sindical responderá con el paro.
Horas antes del encuentro, Schmid había marcado ese camino. “Esperamos una respuesta razonable y que pueda ser asumida por la CGT. Si no, preferiría que decidan unilateralmente ellos cuáles son las mejoras. Porque si van a ofrecer migajas, como están diciendo algunos por ahí, es mejor no tener ninguna reunión”, advirtió. En ese marco, dijo también que “la semana que viene debería haber una respuesta y, si no estamos facultados para hacer un paro de 24 horas”.
El canillita Omar Plaini coincidió en que “el Gobierno tiene que hacer” una oferta “muy importante” la semana próxima para que la CGT “no” ponga “en marcha la acción gremial” que decidió el Comité Central Confederal. Además, cuestionó el adelanto de Triaca acerca de la limitación del bono de fin de año. “Declaraciones de este tipo y alguna que escuché de Prat-Gay no coadyuvan a encontrar la mejor solución al tema”.
Esas declaraciones caldearon los ánimos de quienes acudieron a la cita en el Consejo Directivo. Al término de ese encuentro, Víctor Santa María, del sindicato de encargados de edificios, dijo a la prensa: “El Gobierno solicitó diez días para adoptar una decisión y hacerse cargo de la agenda de la CGT. El próximo miércoles expira ese plazo. Si no ofrece respuestas, al día siguiente la conducción obrera determinará si habrá una medida de fuerza.”
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