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Dos comisiones de la Legislatura porteña comenzarán mañana a analizar el proyecto del Ejecutivo que promueve la rezonificación de los terrenos lindantes al estadio del club Ferro Carril Oeste, donde la empresa IRSA pretende desde hace dos décadas construir un megashopping.
La reunión será a las 16, a cargo de los asesores de las comisiones de Planeamiento Urbano y Hacienda, con el propósito de analizar el expediente ingresado en el Parlamento a mediados de septiembre para la rezonificación del predio de Avellaneda al 1500, que desde hace 20 años pertenecen a la empresa promotora del shopping.
Vecinos de Caballito asistirán a la reunión para expresar nuevamente su rechazo al shopping y dar a conocer el proyecto que motorizan, que consiste en la expropiación del predio y una rezonificación que permita la creación de un parque, cuya gestión esté en manos de una mesa de trabajo conformada por el Gobierno de la Ciudad, representantes de la Comunas y agrupaciones vecinales. "Este tipo de iniciativas, como la del shopping, alteran de manera irreversible la identidad y el paisaje de los barrios porteños", afirmaron los vecinos que rechazan el emprendimiento comercial.
Por su parte, la diputada de la Coalición Cívica Paula Oliveto Lago presentó un proyecto que también contempla la expropiación de los terrenos para desplegar allí "un espacio verde público, un centro cultural barrial y un establecimiento educativo". Para la diputada, "la instalación un shopping de las dimensiones previstas ocasionaría graves problemas ambientales, urbanísticos y sociales; afectaría la circulación vehicular de la zona, hoy colapsada, e incrementaría fuertemente la demanda de los servicios públicos del área, que se encuentran al límite por el incesante avance en la construcción".
El Gobierno de la Ciudad envió en 2008, 2011 y 2013 el expediente para la rezonificación de los terrenos, debido a que el predio tiene una autorización solamente para levantar viviendas de acuerdo al código de planeamiento urbano local. La construcción que pretenden IRSA y el Ejecutivo porteño requiere de una nueva catalogación para la localización de un centro comercial que tendría más de diez pisos de altura, cines y un estacionamiento.
La iniciativa fue resistida durante los últimos ocho años por las fuerzas de la oposición porteña en la Legislatura y también por comerciantes agrupados en la Cámara de Mediana Empresa y organizaciones de vecinos que denunciaron que traería un colapso poblacional en la zona. En esta nueva presentación, a diferencia de las anteriores, el Ejecutivo incluyó como agregado la obligación por parte de la empresa a cargo del predio de pagar la suma de hasta un millón de dólares "para ser destinada exclusivamente a las obras de apertura de la calle Bogotá, a ejecutarse por el Poder Ejecutivo".
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