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El nuevo instrumento legal recibió la aprobación de una mayoría de senadores socialistas.
Los vetos presentados por razones opuestas por los conservadores del Partido Popular (PP, derecha) por el partido independentista catalán de izquierda (ERC) fueron rechazados.
Esta ley, que había sido aprobada el pasado 31 de octubre en el parlamento por una mayoría de diputados, gracias sobre todo al voto de los socialistas en el poder y los eco-comunistas, es la primera que abordó el tema de las víctimas de la dictadura franquista y de la Guerra Civil, después de la transición democrática (1975-78).
El punto crucial del texto se refiere a la declaración de "ilegitimidad" de los procesos franquistas que llevaron a la ejecución de 50.000 republicanos después de la Guerra Civil y al encarcelamiento de decenas de miles de otros, y que nunca fueron anulados.
Esta clasificación, fruto de un compromiso entre socialistas y eco-comunistas de IU-ICV, podría abrir la puerta a procesos en revisión.
Pero serán los jueces del Tribunal Supremo quienes decidan las consecuencias jurídicas que tendrá esta declaración de "ilegitimidad". Hasta ahora, la justicia española siempre había rechazado los pedidos de revisión de esos procesos.
Otro de los elementos que destacan, que fue añadido al proyecto socialista incial, se refiere a la obligación de quitar todos los símbolos que quedan del franquismo en los edificios públicos.
Un cambio introducido en el parlamento permite, sin embargo, a las iglesias invocar razones "artístico-religiosas" para conservar placas u otros blasones de la dictadura.
Por medio de esta ley, cerca de un millón de descendientes de inmigrantes españoles, muchos de ellos argentinos, podrán obtener la nacionalidad española, según estimaciones del gobierno español.
Para preparar a la administración con el objetivo de evitar el colapso de los consulados españoles, se acordó que la disposición referente a la nacionalidad entre en vigor en el plazo de un año desde la publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado (BOE), prevista para la próxima semana.
Por lo tanto, a partir de diciembre de 2008, los descendientes de españoles tendrán dos años para solicitar la nacionalidad española, plazo que el gobierno español puede prorrogar un año más.
En la explicación de motivos de la ley de Memoria Histórica se establece que se "amplía la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española a los descendientes hasta primer grado -hijos- de quienes hubiesen sido originariamente españoles", independientemente de que hayan nacido en España, o sean hijos de emigrantes o exiliados.
Se aclara también que "se satisface una legítima pretensión de la emigración española, que incluye singularmente a los descendientes hasta segundo grado, de quienes perdieron la nacionalidad española por el exilio a consecuencia de la Guerra Civil (1936-1939) o la Dictadura (1939-1975)".
Según la ley hasta ahora vigente, el Código Civil de 2002, el requisito es que los progenitores de quienes demanden la nacionalidad hayan nacido en España.
Desaparecido este requerimiento, el límite de la nueva ley es que debe haber una "continuidad" en la nacionalidad, requisito que no podrán cumplir los nietos de emigrantes españoles cuyos padres hayan fallecido sin haber optado por la nacionalidad española, dijo Lois Pérez Leira, del Movimiento Argentinos en el Exterior.
Pérez Leira, quien lleva veinte años luchando por los derechos de los emigrantes españoles y sus descendientes, destaca especialmente el caso de los hijos de "desaparecidos" en Argentina.
En algunos casos la situación quedará cubierta si se trata de nietos de exiliados por la Guerra Civil (1936-1939) o la dictadura franquista (1939-1975).
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