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El militar explicó la participación brasileña en esa operación en una entrevista publicada en el diario Folha de Sao Paulo.
"Nosotros deteníamos (a disidentes extranjeros) y los mandábamos de vuelta (a sus países de origen)", a pedido de estos, dijo Passarinho, que también fue senador y líder de la bancada gubernamental durante la presidencia del general Joao Baptista de Figueiredo.
Passarinho dijo que el gobierno no era informado del destino de los repatriados. "Si hubiese sabido que, enviando (algún detenido) a Argentina la persona iba a ser muerta, tengo la convicción que el gobierno no la hubiera mandado. No estaba garantizado que volvía para ser muerto", dijo.
El general retirado Agnaldo del Nero Augusto ex jefe del Centro de Informaciones del Ejército durante la dictadura, coincidió días atrás en que "nosotros no matábamos". "Deteníamos y entregábamos. Eso no es un delito", según dijo al diario O Estado de Sao Paulo.
Al menos 11 civiles y militares brasileños son investigados por un tribunal de Roma por la desaparición en Argentina, después de haber sido detenidos en Brasil, de los italoargentinos Horacio Campiglia y Lorenzo Viñas.
Ese tribunal romano se propone juzgar a unos 140 militares y civiles sudamericanos supuestamente involucrados en la desaparición de 25 italianos.
El gobierno brasileño ya advirtió que la Constitución brasileña impide la extradición de nacionales.
Ningún militar fue sancionado en Brasil por los crímenes cometidos durante la dictadura, ya que quedaron amparados por la ley de Amnistía de 1979. El caso de Campiglia y Viñas abre una brecha porque su desaparición ocurrió en 1980.
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