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Este año se cumplen dos décadas desde la sanción de la polémica Ley de Educación Superior (LES), adoptada durante el gobierno de Carlos Menem, en un marco de fuerte resistencia estudiantil y docente. Pese a las críticas nunca extinguidas y los reiterados intentos de reemplazarla, la ley sigue vigente y sólo fue alcanzada por una serie de modificaciones parciales. En diálogo con Página/12, representantes de los diversos sectores alcanzados por la norma reflexionaron sobre ella y dejaron en evidencia la actualidad del debate. Algunos consideraron que la ley continúa siendo útil y que no parece prioritario reformarla; otros aseguraron que se asiste a un cambio de época que hace necesario “revisarla”; y hubo quienes encontraron imperioso derogarla y consensuar una nueva.
La Ley 24.521, que subsumió bajo su letra a todos las instituciones de educación superior públicas y privadas, reguló una serie de aspectos que motivaron largas discusiones. Entre muchas otras cuestiones, utiliza la palabra “servicio” para referirse a la educación superior y en ningún momento establece su gratuidad. De hecho, faculta a las instituciones nacionales para “dictar normas relativas a la generación de recursos adicionales a los aportes del Tesoro nacional”, lo que llevó a interpretar que abría la puerta al arancelamiento. Asimismo, estableció la creación de una comisión encargada de evaluar y acreditar a las instituciones y carreras (la Coneau), y posibilitó que las casas de estudios con más de cincuenta mil estudiantes definan “su propio régimen de admisión”. Una las objeciones más amplias apuntó al carácter “reglamentarista” de la ley, a su avance sobre la autonomía universitaria.
El actual presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Jorge Calzoni, consideró que “hay cosas que han sido superadas del contexto de época en que se hizo esta ley”, aunque rescató “aspectos positivos”, como la creación de la Coneau, que “posicionó bien a Argentina internacionalmente”. De todos modos, señaló que debería ser revisada la composición de esa comisión para que la evaluación “no se realice solamente por pares”.
El presidente del CIN agregó que sería importante contemplar, además del tópico de la “calidad”, el de “inclusión”, concepto que no se menciona en la LES. Asimismo, resaltó la centralidad del documento firmado en Cartagena de Indias en 2008, durante la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que “ha contribuido a solidificar la idea de la educación superior como un derecho humano y universal”. En este sentido, destacó que “algunas ideas afincadas en la política educativa nacional trabajan en pos de consolidar algunos aspectos que no están necesariamente garantizados por la ley”.
De manera similar se expresó el presidente de la FUA, Arturo Pozzali, quien consideró que “lo que permitió que el sistema universitario siga siendo público, laico y que las universidades históricas no pierdan su importancia tiene que ver más con la política dentro de la universidades que con la ley”. Al frente de la federación nacional que representa a los centros de estudiantes, Pozzali se refirió a un reclamo frecuente de los alumnos, relacionado con la composición de los órganos de gobierno universitarios. “La ley exige que los docentes tengan al menos el 50 por ciento de la representación dentro de los consejos directivos y superiores, cosa que atenta contra la participación estudiantil”, reclamó. Desde la federación porteña (FUBA) señalaron que la sanción de la LES fue una “derrota” para el movimiento estudiantil y recordaron el contexto regional en el que tuvo lugar. Adrián Lutvak, uno de sus presidentes, afirmó que la ley “está incidida por muchas regimentaciones del Banco Mundial” y “tiene aspectos calcados de cosas que se aplicaron en otros países de América latina”. En ese sentido, evaluó que “es lamentable que no se haya podido construir una nueva ley que reemplace esa que representa el avance del neoliberalismo en la educación”.
Al igual que Pozzali, consideró que “hay una correlación directa entre la aprobación de la ley y que creciera tanto la matrícula privada”, y observó que “la creación de la Coneau les dio a las universidades privadas un lugar equiparable al de las públicas”. El copresidente de la FUBA criticó el “acortamiento de las carreras de grado para dar lugar a posgrados rentados” y que la ley “haya alentado a que los títulos de las universidades públicas se parezcan cada vez más a los de las privadas”.
Por su parte, el presidente del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), Juan Carlos Mena, señaló que “lo público y lo privado no se oponen ni contraponen”, sino que en el plano de la educación superior deben “generar las sinergias necesarias en la búsqueda de una mayor cobertura social”. Mena aseguró que sólo el 20 por ciento de los estudiantes universitarios del país cursa en instituciones privadas y que la sanción de la LES representó incluso “un freno a las solicitudes de autorización de nuevas universidades (privadas) merced a la intervención de la Coneau, que aplicó un criterio de restricción”.
El presidente del CRUP consideró que “se pueden hacer ajustes en la ley”, pero que eso “no parece hoy como un tema urgente”. En ese sentido, evaluó que el hecho de que no haya prosperado ninguno de los proyectos que tuvieron ese objetivo “es signo de que todos los sectores la quieren mantener”. Mena agregó que, en todo caso, “más que quitarle cosas” a la LES, habría que incorporarle algunos aspectos. “Todo el impacto de la era digital en la educación no está contemplado, lo que es lógico porque la ley tiene 20 años, o los aspectos relativos a la internacionalización.”
En un plano similar, el rector de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Untref), Aníbal Jozami, quien fue secretario de Políticas Universitarias a fines de los 90, dijo que “la ley ha sido útil en estos años” y que “puede seguir siendo útil por un tiempo más, porque tiene una flexibilidad que permite adaptarse a diversas situaciones”. Asimismo, opinó que “no abre las puertas para ningún arancelamiento” y que, si bien “tuvo problemas en su origen”, la Coneau “ha sido uno de sus aciertos”. En el mismo sentido que Mena, Jozami señaló que, aunque “no hay nada que haga necesario cambiar la ley”, sí existe una serie de aspectos en los que la política universitaria debería enfocarse de cara al futuro, como una mayor planificación en la creación de nuevas universidades, la actualización de currículas y la garantización de la salida laboral.
Informe: Delfina Torres Cabreros.
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