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La crisis presupuestaria de las universidades divide aguas entre los rectores de las instituciones de educación superior. En las últimas reuniones del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) –el organismo que agrupa a las autoridades de universidades públicas– quedaron expuestas las fisuras en el posicionamiento respecto de la escasez de fondos que sufren las universidades para afrontar la inflación y el tarifazo a los servicios. Mientras los rectores independientes y cercanos al peronismo impulsan un reclamo público para exigirle al Gobierno más recursos, los rectores vinculados al radicalismo apuestan al diálogo con los funcionarios del oficialismo y piden paciencia. Los rectores sí se pusieron de acuerdo para pedirle una reunión al ministro de Educación, Esteban Bullrich, que ya tiene fecha: será el próximo miércoles 17.
“Con la plata que me dieron no llego a pagar ni dos meses de luz”, se quejó el rector de una universidad bonaerense, en diálogo con este diario. “Ya no es solo un problema económico, sino político. El Gobierno tiene sus prioridades y la universidad no está entre ellas –dijo–. Acá el problema lo tenemos todos, no sólo los del bloque peronista.”
Hace más de tres meses, para paliar el tarifazo en los servicios públicos y los aumentos por inflación, Mauricio Macri prometió un refuerzo de 500 millones de pesos –un uno por ciento de aumento para el presupuesto universitario–. De aquella cifra, sólo se ejecutó un 20 por ciento. Anteayer, la Secretaría de Políticas Universitarias firmó una segunda resolución por 248 millones, que todavía no se ejecutó.
Cuando el Presidente anunció el 2 de mayo el refuerzo de 500 millones –producto de que en el presupuesto elaborado en 2015 no estaban contempladas la devaluación, la suba de la inflación ni el aumento de tarifas–, el CIN acordó una pauta de distribución de esos fondos, que todas las universidades apoyaron, a excepción de la UBA, que exigió 150 millones para afrontar sus necesidades. Educación avisó que no consideraría esa propuesta de distribución y pidió que las universidades presentaran las facturas de sus servicios para que el Gobierno enviara el dinero justo para saldar las cuentas. Para parte de los rectores, esa exigencia viola la autonomía universitaria. De los 248 millones que se firmaron el miércoles, 120 serán a la UBA.
“Siempre tuvimos problemas para cerrar los números. Siempre tuvimos diferencias entre nosotros (los rectores), pero con buena relación”, marcó un rector radical del interior del país. “A Bullrich le dijimos en la cara que no nos gustó la distribución que hizo de los 500 millones”, aclaró.
Pese a las diferencias políticas, los rectores ya acordaron pedir para 2017 un incremento del 63 por ciento en el presupuesto universitario, es decir, una asignación de 85 mil millones de pesos. El miércoles que viene, en la reunión prevista con Bullrich, volverán a plantear las dificultades económicas que están atravesando, en un contexto que incluye el reclamo de los gremios docentes para que se reabran las paritarias para negociar una nueva mejora salarial ante el avance de la inflación.
Esta semana, las autoridades del CIN mantuvieron también un encuentro con los dirigentes estudiantiles de la Federación Universitaria Argentina. La presidenta de la FUA, Josefina Mendoza, y su vicepresidente, Ezequiel Marín, ambos de la radical Franja Morada, analizaron con algunos rectores la situación de las universidades. El presupuesto universitario –el actual y el de 2017–, los reclamos salariales de los profesores, y la reforma de la Ley de Educación Superior fueron algunos de los temas que trataron.
“Tienen que llegar los 500 millones, y espero que se mantenga el compromiso del ministro (Bullrich), de que si falta dinero para cubrir tarifas se asigne una partida extra”, dijo Mendoza a Página/12, aunque aclaró que “el problema va más allá, porque todos los años pasa lo mismo, tiene que ver con una conformación del presupuesto”. La presidenta de la FUA opinó que el presupuesto debe prever una asignación mayor para la ciencia y la tecnología, ya que es un área que siempre “queda relegada a la hora de invertir”.
Informe: Gastón Godoy.
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