Varios funcionarios de la dictadura reaparecieron para despedirse de su líder, en un desfile de viejos rostros que marcaron una década nefasta para el país en los 90.
La presidenta ha sustituido a cuatro de los diecinueve ministros, pero ha dejado en el gabinete a los más cuestionados, ya sea por corrupción o por incapacidad.
Los firmantes de esta nueva acusación señalan que recurren a la Corte Penal Internacional por la injustificada demora en las investigaciones y el riesgo de impunidad.
El documento denuncia "órdenes y decisiones claves de altos mandos (...) que abrieron la puerta a que se cometieran graves violaciones de derechos humanos" entre diciembre de 2022 y marzo de 2023.
"Castillo no debería ser investigado ni siquiera en el ámbito preliminar. Quien debería seguir gobernando es el expresidente Castillo”, declaró el abogado de la mandataria en una entrevista televisiva.
La demanda fue presentada por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Asociación Pro Derechos Humanos del Perú (Aprodeh) por los 49 muertos durante la represión a las protestas.
La denuncia señala que la presidenta recibió tres relojes de lujo, una pulsera de brillantes y un par de aretes de oro y diamantes del gobernador de Ayacucho.
Tres mociones de vacancia presidencial por incapacidad moral de la mandataria fueron bloqueadas en el Congreso por el fujimorismo. El fusible que saltó fue el ministro de Interior.
El Congreso rechazó las iniciativas. La mandataria es asediada por críticas de la oposición en medio de investigaciones fiscales por presunto enriquecimiento ilícito y abuso de autoridad.
