Organizaciones ambientalistas advirtieron que el Gobierno busca reducir las protecciones vigentes para glaciares y zonas periglaciares a fin de promover grandes emprendimientos mineros. “Es un escándalo”, denuncian. La reunión de Macri con el lobby del sector.
En el presupuesto de 2018 el Gobierno asignó solo el 6,5 por ciento de lo estipulado por la Ley de Bosques para su conservación. “Están propiciando una nueva oleada de desforestaciones”, denunció Greenpeace.
A pesar de que los medios reflejan mayormente los efectos de las inundaciones en el Caribe, en la Provincia de Buenos Aires con un nivel de lluvias igual al año 2001, el impacto de las inundaciones fue mucho más grave. La responsabilidad del monicultivo. Peligra el 25 por ciento de la producción agrícola y el 26 por ciento de la actividad ganadera. Prevén un aumento de precio de la carne.
El proyecto fue presentado en junio. Pero Greenpeace sostiene que la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de Diputados, la radical María Burgos, lo tiene guardado, mientras los desmontes ilegales crecen.
La organización ambientalista tapó el cartel publicitario de Sprite ubicado ante el Obelisco con una bandera gigantesca para reclamar que la empresa, que dice ser sostenible, recupere las tres mil hectáreas dañadas por su proveedor de jugo.
Un informe de Greenpeace denuncia que la mitad del área de desmonte avanzó sobre territorios prohibidos para realizarlo.
El buque Rainbow Warrior III, pieza clave de campañas de la ONG, recibe visitas en el puerto porteño hasta el 16 de abril.
Una investigación de la ONG señaló que al menos treinta funcionarios y legisladores y empresas de transgénicos, que dominan el 60 por ciento del mercado mundial de semillas, están detrás del impulso a la nueva ley.
La Fundación Red de Acción Política (RAP) publicita que está integrada por “160 políticos argentinos”, pero Greenpeace denuncia que es un ámbito de lobby para beneficios de las empresas.
Varias organizaciones ambientalistas reaccionaron airadamente a la aprobación de la obra y anticiparon una dura resistencia y batalla legal para impedir su construcción de parte de las comunidades y las ONG.
