A través del decreto 682, publicado en el Boletón Oficial de este jueves, se reglamentó la ley Nº 7856, de creación de la Red de Apoyo Sanitario Intercultural e Interinstitucional para Pueblos Originarios denominada Sumay Kausai, que en lengua indígena significa “buen vivir”.

La reglamentación se concretó tras 9 años de espera. Incluso su reglamentación es aún motivo de reclamo a través de un recurso de amparo que presentó la Asociación Civil por la Igualdad y Justicia (ACIJ).

El recurso aún espera una respuesta de la Corte de Justicia de Salta, instancia en la que la medida se encuentra en análisis. A ella se suma una medida cautelar por la cual la Corte ordenó la incorporación de facilitadores bilingües interculturales y la habilitación de albergues para facilitar el acceso a la Salud de personas de comunidades originarias.

La reglamentación consta de siete artículos, entre los cuales surge su conformación por parte de un representante titular y un suplente de los ministerios de Salud Pública; Desarrollo Social; Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, y de Economía y Servicios Públicos, así como la designación de facilitadores, la construcción o búsqueda de albergues cuando las personas que necesitan atención médica sean desarraigadas de su lugar de referencia, las derivaciones con acompañante y las articulaciones a realizar en caso de defunción.

“La red debe articular las respuestas”, dijo Gabriela Dorigato, subsecretaria de Medicina Social del Ministerio de Salud de la provincia, al sostener que con esta articulación y la posible suma de representantes de organizaciones no gubernamentales que trabajen en territorio “la idea es no duplicar acciones”.

Una norma “genérica”

Dorigato reconoció que la normativa equivale de alguna manera a las acciones realizadas hasta ahora por el gobierno para revertir la falta de acceso al servicio de salud de integrantes de las comunidades indígenas. De hecho, se le consultó respecto del presupuesto pero no pudo dar detalles.

“En principio no es lo que esperábamos”, dijo a Salta/12 Nahuel Arias Camacho, el abogado que representa a la ACIJ en el amparo presentado ante la Corte.

El letrado afirmó que ante la posible reglamentación se había establecido contacto con el Ministerio de Salud y se habían elevado propuestas y sugerencias que se generaron desde "un intercambio que se hizo en 2022 con más de 70 referentes originarios para que se plasmen en una eventual o posible reglamentación de la ley”. Pero la normativa que se publicó ayer “no refleja las preocupaciones de las comunidades” por la falta de acceso a la salud, sostuvo.

Añadió que en el artículo 1, “no se indica el rango de cada funcionario que conformará la red”, lo cual implica que puede ser un referente sin poder de decisión, algo que las comunidades consideran que es necesario. Tampoco se incluye un referente del Ministerio de Infraestructura, que anticipó, es central para poder cumplir con obras como la de los albergues para las personas que sean derivadas.

Se dejó sin mención la previsión de recursos de traslado o viáticos para referentes de pueblos originarios que deban viajar a las reuniones convocadas de la Red, dado que tampoco los menciona. “Solo habla de referentes del IPPIS (Instituto Provincial de Asuntos Indígenas”, o "quien los reemplace”. En la normativa se indica que "la Red deberá reunirse cada dos meses como mínimo, o bien cuando situaciones excepcionales así lo ameriten, para el tratamiento y análisis de cuestiones relativas a su objetivo".

Ya en el artículo 2, que indica que la Red deberá disponer su propio reglamento, “no hay plazos establecidos para hacerlo”, aclaró Arias Camacho.

Con respecto a los facilitadores interculturales, mencionados en el tercer artículo, afirmó que la reglamentación “no indica la situación contractual o laboral de los facilitadores ni situación escalafonaria”. 

El abogado recordó que en la actualidad quienes actúan como facilitadores cobran a través de contratos municipales o becas. Señaló que la reglamentación tampoco ahonda en el perfil que deberían cumplir. Añadió que la redacción permite interpretar que la presencia de facilitadores solo sería en los hospitales de cabecera de áreas operativas y de referencia de mayor complejidad “dejando afuera a otros hospitales del Interior de la provincia”, que son más pequeños pero de importancia para las comunidades.

Asimismo, añadió otras observaciones sobre los albergues para pacientes de comunidades originarias y su difusión, y la situación de personas acompañantes de pacientes que hayan fallecido y su retorno a la comunidad de origen. Pero sobre todo entendió que “se dejaron de lado inquietudes de las comunidades y oportunidades” para facilitar una mejor aplicación de la ley. "Es una formulación muy genérica", analizó.

“En el marco de la acción judicial, junto a (la Comunidad) Misión La Loma, pedimos que se abra un proceso de consulta libre previa e informada y no se hizo”, dijo por su parte Francisco Rodríguez, referente de ACIJ. Camacho Arias, en tanto, afirmó que no lograron acceder a ningún expediente de la provincia para conocer si efectivamente existió una consulta previa, libre e informada, principio reconocido en las normativas internacionales a las que adhirió el Estado argentino.

De “sorpresa”

“Para nosotros fue una sorpresa”, dijo por su parte el presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), Abel Mendoza, al contar la reacción entre las comunidades frente a la novedad de la esperada reglamentación.

Consideró que si bien es una buena noticia, dado que es un pedido que incluso se había elevado hace un par de años a la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizotti, esperan tener mejores resultados de su aplicación.

Mientras que Dorigato entendió que el pueblo más complicado para acceder a la salud a raíz del idioma es el Wichí, Mendoza (que es de este pueblo) entendió que es necesario contar con facilitadores bilingües de todos los pueblos. “Acá en Santa Victoria (Este, en el departamento Rivadavia) somos cinco pueblos y en el Hospital hay cinco facilitadores que hablan wichí o chorote”, afirmó.

También sostuvo que en hospitales como el de Pichanal (en el departamento Orán) no hay personal bilingüe, pese a la cantidad de integrantes der comunidades originarias que viven en la zona.

“Queremos que se cumpla. Sobre todo lo de los albergues que faltan en Santa Victoria Este y Tartagal”, manifestó. En esta última ciudad cabecera del departamento San Martín, Dorigato indicó que está resultando difícil encontrar un lugar cerca del Hospital para que se pueda convertir en albergue.

Añadió que también es importante que se pueda cumplir con el traslado y acompañamiento de pacientes para que “no pase que se los abandone como sucede algunas veces allá en Tartagal”.