Mientras en el Congreso Nacional se debatía la Ley Óminubs, a más de mil kilómetros de distancia, la Cámara de Diputados de la provincia del Chaco llevó adelante su propia versión de la entrega de recursos a los grandes empresarios. Como corolario de una sesión escandalosa que comenzó a las diez de la noche, cerca de las 2.40 de la madrugada del martes pasado, entre gallos y medianoches, se aprobó un Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN) que habilita más desmontes y entra en contradicción con la ley nacional que los protege.   

El científico del CONICET Matías Mastrángelo; el jefe de la Campaña de Bosques de Greenpeace, Hernán Giardini, y el abogado de la asociación Conciencia Solidaria, Pablo Fernández Barrios, coincidieron en que el nuevo OTBN permite más desmontes, y denuncian que hubo deficiencias a la hora de garantizar la participación de comunidades campesinas e indígenas.

Asimismo, alertaron que los desmontes realizados de manera ilegal quedarán impunes si el Ejecutivo provincial, a cargo de Leandro Zdero (Juntos por el Cambio), finalmente promulga la ley aprobada por la Legislatura del Chaco, provincia con sistema unicameral.

“Hay sectores que antes estaban en amarillo y fueron pasados al verde”, dijo Mastrángelo. Es decir que zonas que debían conservarse ahora quedan habilitadas para el desmonte.

El científico añadió que la información de que disponen sobre el proyecto de ley aprobado, el nuevo ordenamiento habilita 1.250.000 hectáreas en verde, que pueden ser desmontadas. “Hacen alguna trampa con los porcentajes que se otorgan a cada categoría (verde, amarillo y rojo), para que sean similares a los que se dieron en el OTBN de 2009, y no se note la regresividad ambiental", afirmó Mastrángelo. 

Contó que investigadores e investigadoras del CONICET expuso en la Legislatura sobre las consecuencias de los desmontes. "Se pierde la capacidad del ecosistema de mantener la fertilidad del suelo, regular procesos hídricos, proveer hábitat a la biodiversidad y secuestrar el carbono para mitigar el cambio climático”, recordó. La pérdida de esa capacidad es de un 40 por ciento al momento del desmonte, y del 80 por ciento a tres años de la deforestación.

La trampa de lo legal

Los desmontes en el Chaco son vistos como ilegales por al menos tres razones: la primera es que el viejo OTBN venció en 2014; la segunda es que durante la gestión de Domingo Peppo (P J) se permitió una “recategorización” que posibilitó convertir zonas rojas y amarillas (de protección total y parcial) en verdes, donde se puede desmontar. La tercera es que en 2020, por una presentación de Conciencia Solidaria, el Tribunal Contencioso Administrativo del Chaco prohibió la autorización de cualquier desmonte, precisamente por la falta de actualización del OTBN.

Pese a ello, según datos de Greenpeace, en 2023 las imágenes satelitales detectaron la deforestación de 57.303 hectáreas. Otro dato indica que desde 2008, entrada en vigencia de la Ley Nacional de Bosques Nativos, hasta 2022 en esa provincia se desmontaron 485 mil hectáreas.

“Hubo desmontes ilegales que pusieron a Chaco entre las primeras provincias con más desmontes ilegales. Y lo que empezaron a decir es que había muchos desmontes porque estaban suspendidos”, dijo Giardini al dar detalles de la historia más actual de los desmontes en el Chaco.

Entre otras iniciativas, se inició una actualización del OTBN durante el gobierno de Jorge Capitanich (PJ), que a través del decreto 2157/22 propuso un nuevo mapa de ordenamiento y lo elevó a la Legislatura provincial. Pero perdió las elecciones frente a Zdero y el decreto no entró en vigencia como ley.

Para llegar a ese decreto hubo instancias que para los críticos de la ley denotaban el cumplimiento legal y reglamentario del proceso participativo para establecer un nuevo OTBN. Sin embargo, “hubo un déficit participativo y de más participación de sectores con intereses” productivos sobre las tierras, dijo Fernández Barrios.

Aunque no lo señaló particularmente, distintas organizaciones apuntan al sector agroforestal y taninero (con interés en la extracción del quebracho colorado que se utiliza sobre todo para la industria del cuero).

Ese decreto “fue objetado vía administrativa, política y judicial sobre la base de que tenía los mismos déficits en términos de su construcción pero también en términos de vulneración del principio de progresividad ambiental y no regresividad”, dijo el letrado. 

Añadió que aquellas zonas desmontadas tras la recategorización estaban como blancas dentro del nuevo OTBN. Esto las dejaría impunes ante un eventual planteo de delito ambiental. "Según la página de Diputados del Chaco, (en la ley del nuevo OTBN) se ratifica el decreto 2157", dijo Fernández Barrios, pero aclaró que hasta el momento no cuentan con el texto definitivo de la ley , "ni la certeza necesaria de que se presentaron otros mapas”.

El abogado agregó que si efectivamente el nuevo ordenamiento ratifica el decreto anterior, “las objeciones continúan vigentes”. Incluso detalló que se autorizaron 53 recategorizaciones que permitieron destrucción de montes que para su asociación “deben recomponerse”.

“Buscamos el equilibrio”

De todos los diputados consultados para esta nota, solo respondió el legislador peronista Juan Carlos Ayala, quien sostuvo que las críticas vienen de parte “de ex funcionarios que en 10 años no hicieron nada y solo hicieron negocio con el monte chaqueño”. Afirmó que en con el anterior decreto “inventaron un nuevo color naranja para favorecer a amigos y parientes”.

Ayala aseguró que el nuevo OTBN surgió del consenso de los bloques y apunta a dejar “las topadoras afuera”, sobre todo para evitar que “arrasen todo”. “Ahora las multas serán más caras y lo que buscamos es hacer equilibrio” entre la conservación y la producción, sostuvo. Añadió que “30 mil familias" viven de la industria maderera”.