Desde Sevilla
Cataluña ha entrado en una nueva etapa política. Por primera vez desde la recuperación de la democracia española, el nacionalismo no suma la mayoría en unas elecciones al parlamento de esa comunidad autónoma, la segunda más poblada de España, que durante los últimos años fue escenario de un proceso independentista que ahora declina. Por primera vez en 45 años, el Partido de los Socialistas Catalanes (PSC, la federación catalana del PSOE), es la primera formación de esa comunidad histórica tanto en votos como en escaños. Además, en un resultado inédito, los escaños obtenidos por partidos no independentistas (74) son más que los conseguidos por los secesionistas (61). El proceso de secesión se ha desinflado en las urnas.
Este resultado supone un aval a la estrategia de obligada conciliación lanzada por Pedro Sánchez para conseguir su investidura presidencial, que incluyó la tramitación de una ley de amnistía en favor de los implicados en los sucesos de 2017, cuando se celebró un referéndum no autorizado por la justicia y posteriormente el parlamento catalán aprobó una declaración unilateral de independencia.
Se abren interrogantes
La candidatura del hombre de Sánchez en Cataluña, Salvador Illa, obtuvo más del 28 por ciento de los votos, con una distancia rotunda sobre el segundo, el expresidente prófugo Carles Puigdemont (Junts), principal beneficiario de la amnistía. Sin embargo, y pese a las escenas de euforia que al concluir el escrutinio llegaban desde la sede barcelonesa del PSC, no está claro que Illa, un licenciado en filosofía que fue ministro de Sanidad durante la pandemia, vaya a ser investido presidente. Tendrá que pactar y el escenario no es sencillo.
La primera incógnita que las elecciones de este domingo debían despejar en un panorama político tan atomizado como el catalán, donde el vector derecha-izquierda se cruza con el de constitucionalismo-secesionismo, era qué posibles combinaciones podían sumar respaldos suficientes para investir a un presidente y conformar una mayoría. Las opciones, a la vista de las encuestas eran una repetición de la mayoría nacionalista que ha gobernado históricamente Cataluña y representada principalmente en estas elecciones por Junts (nacionalistas de derecha) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC, nacionalistas de izquierda) o un gobierno progresista del PSC, ERC y los Comuns, la fuerza catalana liderada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau e integrada a nivel nacional en la coalición Sumar, de la vicepresidenta Yolanda Díaz.
Durante las más de tres horas de escrutinio, en los que se vio desde el principio que la primera opción sería inviable por el desmoronamiento de ERC, que pasó de 33 a 20 diputados, los analistas apuntaban a que habría un gobierno de izquierda si PSC, ERC y Comuns alcanzaban a sumar los 68 diputados con los que se alcanza la mayoría absoluta.
Los 42 diputados del PSC, los 20 de ERC y los seis de Comuns permiten alcanzar esa cifra, pero el todavía presidente del Gobierno catalán y líder de ERC, Pere Aragonés, enfrió cualquier expectativa de una solución rápida y valoró que las urnas han mandado a su partido a la oposición. Esta fuerza política, que ha estado gobernando hasta ahora en Cataluña, atraviesa un duro debate interno entre quienes priman su naturaleza de fuerza de izquierdas y quienes priorizan la estrategia de seguir impulsando la secesión catalana.
La situación que queda es endiablada porque tanto ERC como Junts son claves en Madrid para garantizar la mayoría que mantiene a Pedro Sánchez en el poder y la forma en la que se desarrollen las negociaciones en Cataluña pueden condicionar la continuidad del presidente del Gobierno español.
Apenas se conocieron los resultados, todavía provisionales porque resta contar los votos en el exterior, Illa aseguró que con el histórico triunfo socialista se abre una nueva etapa en Cataluña y que las políticas de conciliación impulsadas por Sánchez han sido avaladas por los electores.
También adelantó que una vez que se constituya la mesa del Parlamento manifestará su voluntad de presentarse a la investidura y que tiene la intención de dejar atrás el debate secesionista para impulsar políticas de fortalecimiento de los servicios públicos.
Puigdemont, que siguió el recuento desde la ciudad francesa de Argelés Sur Mer, también dijo que intentará conseguir apoyos para su elección, una aspiración que no encuentra soporte posible en la matemática parlamentaria. Los posibles apoyos que podría recabar no suman, aunque tiene la carta de poder presionar con que puede dejar caer a Pedro Sánchez. Su candidatura consiguió apenas el 21 por ciento de los votos y 35 diputados y en el mejor de los casos podría sumar los 20 de ERC y después de elegir entre las otras dos fuerzas independentistas que obtuvieron representación: la izquierda alternativa de la CUP, que consiguió cuatro diputados, y la extrema derecha secesionista de Alianza Catalana, una fuerza xenófoba e islamófoba que se estrena en el Parlamento con dos escaños. En ningún caso una combinación que implicara a estos dos partidos sería posible, al situarse a ambos extremos del arco ideológico aunque los dos aspiran a la independencia catalana. Y además, ni aún así el independentismo sumaría respaldo parlamentario suficiente.
Remontada de la derecha
La derecha españolista también libró su propia batalla interna, ya que en las anteriores elecciones , en pleno auge de Vox, la formación de extrema derecha consiguió 11 escaños y el Partido Popular, apenas tres, en lo que constituyó una auténtica debacle para una formación con aspiración de gobierno. En esta ocasión, el PP consiguió remontar, multiplicó por cuatro sus votos y obtuvo 15 parlamentarios, cuatro más que Vox, que repitió sus resultados de 2021.
Las negociaciones serán muy complicadas y en el caso de que fructifiquen no será en el corto plazo. Una vez que se constituya el Parlamento y se encargue formar gobierno al candidato que comunique que puede reunir respaldo suficiente, deberá someterse a una primera votación en la que necesitaría la mayoría absoluta y, si no lo consigue, la mayoría a simple (más votos a favor que en contra) en una segunda que se convocaría 48 horas más tarde. Si tampoco lo consigue entonces, dispondría de dos meses más para seguir negociando con los grupos parlamentarios. Si pasado ese plazo no hay un acuerdo que permita investir presidente, se irá a una repetición electoral.
