En cuestión de minutos, 27 allanamientos simultáneos en comedores y viviendas de barrios populares criminalizaron el poder de construcción de las organizaciones sociales. Fuerzas uniformadas y de civil derribaron puertas de comedores y destruyeron viviendas sobre la madrugada del lunes; encañonaron a vecinxs, a dirigentes y a mujeres que intentaban frenar el ataque y proteger a sus niñxs de la violencia que inundó todo. Se llevaron pertenencias que no debían tocar y salarios atesorados para sobrevivir; amenazaron y hostigaron con frases discriminatorias y xenófobas, permanecieron durante horas en las casas allanadas. “Una campaña de persecución y difamación, de mostrar nuestras caras y las casas humildes donde viven nuestrxs compañerxs, reventadas”, sintetizaron representantes de las organizaciones atacadas, en conferencia de prensa frente al Congreso Nacional, que convocan a una movilización masiva cuando el Senado trate la Ley Bases y la recolección de firmas para lograr la nulidad del DNU 70/2023.
De cara a este escenario y en el marco de una denuncia por presunta extorsión a beneficiarixs de planes, el gobierno de Javier Milei, con Patricia Bullrich y Luis Petri a la cabeza, envió al Congreso cuatro proyectos de ley para modificar el Código Penal y el Código Procesal, que ya se encuentran en comisión, y que establecen una nueva ley antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, detalla el comunicado del Ministerio de Seguridad que encabeza Bullrich, “y la incorporación del concepto de reiterancia a fin de reducir los porcentajes delictuales; además, de modificaciones a la unificación de condenas y concurso de delitos; legítima defensa y cumplimiento del deber”. La pesadez de este paquete, que afecta especialmente a los sectores más vulnerados, no se está discutiendo públicamente, pese a que desde las organizaciones políticas, sociales, de derechos humanos y los transfeminismos denuncian que se trata de una apuesta fuerte a profundizar la represión, el disciplinamiento y la criminalización de la protesta.
“Hoy fueron los allanamientos a las organizaciones sociales, y no damos abasto porque todos los días hay un embate nuevo, pero genera una parálisis que es importante evitar. Estamos ante un océano de información de medio segundo en redes sobre el combate a la inseguridad, pero debemos lograr de conjunto que la gente entienda y no diga ´un chorro menos´”, advirtió la abogada María del Carmen Verdú, integrante fundadora de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), durante el encuentro “Sobre las implicancias de los Proyectos Bullrich-Petri para la reforma del Código Penal”, que se realizó este mismo lunes en el Sindicato de Trabajadorxs de Prensa (Sipreba), horas después de los allanamientos, y que reunió a referentes políticxs, entre lxs que se encontraba la ex ministra de Seguridad, Sabina Frederic, de Justicia, y de organizaciones sociales y de derechos humanos. “¿Por qué son proyectos impulsados para criminalizar la protesta social y las organizaciones del campo popular? ¿Por qué estas propuestas legalizan el gatillo fácil? ¿Por qué ahora se tratan por fuera de la Ley Bases? En defensa de la democracia y los derechos del pueblo, esta reforma no puede pasar”, planteó la convocatoria.
“Están torciendo la legitimación de los territorios”, continuó Celeste Castro, de la Corriente social y política, transfeministas y ecosocialistas Marabunta. “Rompen las organizaciones populares, y no hay conciencia de que esto va contra la libertad democrática. Para seguir debatiendo, no puede haber Ley Bases. Tenemos compañerxs sobreviviendo con 70 mil pesos; lxs piqueterxs y desocupadxs no son quienes les están quitando la plata a lxs jubiladxs.”
Sabina Frederic hizo hincapié en la peligrosidad de los artículos que restablecen “el Protocolo Chocobar, con consideraciones que, en el discurso instalado con esa superficialidad, es atroz”, lamentó. “Intentan hacer interpretaciones generales para circunstancias individuales, que las fuerzas puedan disparar sin consecuencias y donde se presuma que si el policía disparó, por algo será, y además quitan el derecho más universal, el derecho a la querella.”
Sobre la ley antimafias, Frederic subrayó que la iniciativa del Ejecutivo “nunca define qué es una organización criminal” y caracterizó de “invento” las “zonas sujetas a investigaciones especiales”, donde quedarían habilitadas medidas procesales de urgencia, con la facultad de detener a personas por 48 horas por averiguación de un delito, con posterior comunicación al juez, y realizar “allanamientos para domicilios encadenados”. ¿Cómo comunicar estas cuestiones?, interpeló Verdú. “Hay que ir con ejemplos, que las personas son víctimas potenciales de la policía, y que sientan la vulnerabilidad, porque se está garantizando la impunidad de la tortura.”
Al posible delincuente toda la pena, al policía ninguna, enlazó Frederic. “Los únicos acusados de homicidios que están sueltos son los policías.” En ese derrotero, el reemplazo de la figura de reincidencia por la de reiterancia se terminaría aplicando por hechos leves a pobres y manifestantes, como ya se está haciendo en Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza. “Abuso de autoridad y reiterancia están concatenados y se va haciendo todo más grave”, manifestó la ex funcionaria.
Carlos “Sueco” Lordkipanidse, referente histórico del Encuentro Militante Cachito Fukman y del Encuentro Memoria Verdad y Justicia, relató que en los allanamientos del lunes llegaron a detener gente que transitaba por la calle. Clavaban los frenos autos sin patente, manejados por hombres de civil armados. “¿A qué instancias internacionales podemos recurrir para detener todo esto?”, propuso al conjunto. “Porque creo que si solo ponemos la fuerza en las movilizaciones, no alcanza. Hasta hoy salieron centenares de miles de personas y a los que gobiernan no les importa. Tenemos que encontrar la forma de permear en la sociedad.”
El encuentro concluyó en el acuerdo unánime de movilizar cuando se trate la Ley Bases, articular mecanismos de cuidados colectivos, contra las implicancias de las violencias represiva en la vida cotidiana, y explorar diferentes ámbitos de coordinación de estrategias comunes.
“Hace falta la mayor unidad, que es la calle, y ver la posibilidad de la condena social. Multiplicar actividades que hagan carne la condena de lo que se está tramando”, dijo Susana Ancarola, de la Coordinadora por el Cambio Social también integrante del Encuentro Memoria Verdad y Justicia. “Todo esto es contra nuestrxs pibxs y la posibilidad de organizarse contra esta política de hambre. Tenemos que multiplicar la difusión en los barrios y en las asambleas, hacer redes para concretar cosas, porque pretenden terminar la tarea que se propusieron en la dictadura.”
