Ni indulto ni amnistía: justicia. Ésa es la consigna con la que el kirchnerismo salió a responder a las versiones sobre la posibilidad de que el presidente Alberto Fernández indulte a Cristina Fernández de Kirchner si efectivamente sucede lo que ella vaticinó en su último descargo: que el tribunal que la juzga por supuesto direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez en Santa Cruz ya tiene escrita su condena.
El encargado de convertir el reclamo en un tuit para evitar que el tema siguiera escalando fue el senador Oscar Parrilli, mano derecha de la vicepresidenta. Si quedaban dudas, CFK retuiteó el mensaje. En la mañana de este miércoles, Parrilli ya había dicho en una entrevista con Futurock que todavía falta tiempo para que el juicio termine, poniendo paños fríos a una discusión que empezó a tomar temperatura en las últimas horas.
“Discutir el indulto no es una opción hoy”, le dijo a Página/12 el diputado Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara Baja y una de las espadas más filosas del kirchnerismo en el Congreso. “No queremos ni indulto ni amnistía, sino justicia”, completó.
La lectura que se hacía en espacios políticos pero también en los propios tribunales es que, después del pedido de condena a doce años de prisión y de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que hicieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, la vicepresidenta había logrado pasar a la ofensiva. Durante más de una hora y media, el martes habló desde sus redes sociales para denunciar que quienes la acusan de haber liderado una asociación ilícita en lugar de un gobierno democráticamente electo buscan esconder pruebas que apuntan hacia Nicolás Caputo, el “hermano de la vida” de Mauricio Macri, por sus vínculos con el exsecretario de Obras Públicas José López. No es novedad el desprecio que le profesa CFK a López después de que fuera detenido mientras revoleaba bolsos con nueve millones de dólares en un convento de General Rodríguez.
Este miércoles, CFK también apuntó a los vínculos de la familia de Luciani con el operador macrista Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, prófugo en Uruguay. Es un elemento más después de que el periodista de Página/12 Raúl Kollmann revelara las fotos en las que se veía al fiscal Luciani jugando en el mismo equipo de fútbol que el presidente del tribunal que juzga a CFK, Rodrigo Giménez Uriburu. El Liverpool –como se llama el equipo– solía jugar en Los Abrojos, la quinta del mismísimo Macri.
El pedido de condena sirvió para cerrar filas al interior del Frente de Todos –aunque las versiones sobre el indulto hicieron que aparecieran algunas grietas– y para lograr una movilización social en favor de CFK. Todo esto en la antesala a que comiencen los alegatos de las defensas. El abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, alegará en sexto lugar, por lo que su alocución podría darse entre septiembre y octubre. La sentencia podría llegar en diciembre. Según publicaron distintos medios, en la Corte están más pendientes del fixture de las audiencias que del fixture del próximo mundial: no quieren que una posible condena se dicte en año electoral.
Más que discutir un perdón presidencial para la vicepresidenta –siempre dispuesta a dar la disputa con los tribunales–, la apuesta pasa por ganar las calles y mostrar los nexos de acusadores y juzgadores con el macrismo –principal interesado en tener a CFK fuera de carrera para las elecciones que vendrán el año próximo–.
Jurídicamente posible
En los últimos días trascendió que el Presidente evaluaba indultar a CFK si era condenada. La versión alcanzó entidad cuando el exministro de la Corte Suprema argentina y exintegrante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) Raúl Zaffaroni dijo en su columna en AM750 que “si la vicepresidenta es condenada no quedará otra alternativa que buscar una solución en el Derecho interno para salvar el futuro de la democracia, ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones”.
La Constitución nacional menciona en dos oportunidades los indultos. En el artículo 36 dice que no podrán ser indultados quienes atenten contra el orden constitucional y, en el artículo 99, establece que el presidente puede indultar o conmutar las penas por los delitos sujetos a jurisdicción federal, previo informe del tribunal correspondiente.
Con los indultos de Carlos Menem hubo un gran debate sobre si los indultos podían dictarse a personas que estaban procesadas –pero que no tenían sentencia firme– y si se podía rechazar el “perdón” presidencial, como lo hizo la militante y sobreviviente de la ESMA Graciela Daleo. Por los tiempos que involucra el proceso sería prácticamente imposible que CFK llegara con una condena revisada por la Corte antes de las elecciones.
“Según la jurisprudencia de la Corte Suprema, el indulto es posible respecto de procesados y hasta ahora no se ha dicho que no procede respecto de personas sometidas a un proceso por casos de corrupción”, le dice a este medio el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, que integró la comisión de juristas convocada por el Presidente para pensar una reforma judicial integral. “El Presidente está en condiciones de indultar a Cristina”, agrega.
“Es una facultad presidencial y es jurídicamente viable”, responde ante una consulta de este diario Germán Garavano, el exministro de Justicia de Mauricio Macri. “Es cierto que se podría suscitar una judicialización en base a las restricciones que establecen los pactos internacionales incorporados a la Constitución pero no está claro que puedan limitar la facultad presidencial”, añade el exfuncionario de Cambiemos.
En los tribunales, las miradas son varias. “Se podría hacer aun sin esperar la sentencia porque se corre el riesgo de que salga condenada”, explica un fiscal consultado por este medio. Otro integrante del Ministerio Público evaluaba que el indulto tiene varios problemas políticos y jurídicos. Uno es que deja firme la condena y el otro –más claramente político– le quita presión al TOF que tiene que dictar la sentencia y decir si lo que tiene alcanza para condenar a la dirigente política más importante del país.
“Darle procedencia al indulto es convalidar una condena procedente no de un juicio arbitrario sino armado porque no existen pruebas que fundamenten esa acusación”, opina la abogada Natalia Salvo. “Es legitimar un Poder Judicial corrupto y connivente con el poder real y con Juntos por el Cambio. Hay que apostar a la movilización popular para ponerle freno a este Poder Judicial”, concluye.
