“Yo llegué a Santa Cruz con una beba de cuatro meses porque, sino, mi destino era la calle. Ahora mi hija tiene nueve años, tengo un bebé y hoy se plantea venir a desalojarnos y usar la represión para sacarnos de nuestras casas. Esas casas que construimos nosotros. A esos departamentos, siendo chicos o un poco más grandes le pusimos los ladrillos, la pintura y eso se hizo con todo nuestro trabajo y esfuerzo. Ya intentaron desalojarnos en 2019 diciendo que la propiedad privada es mucho más valiosa que la vida de más de 100 familias. Hoy nos encontramos de vuelta en la misma situación de incertidumbre. No sé cuánta angustia cabe en nuestros corazones”, dice la referente de la casa Ileana Llanos, dirigiéndose a sus vecinxs por micrófono después de recuperar su voz atravesada por el llanto. Fue el pasado jueves 26 de octubre cuando las familias se concentraron en el Obelisco para visibilizar la situación de emergencia en la que se encuentran, al borde de quedar en situación de calle.
Ileana está en la misma situación que las 107 familias que viven allí. En total son 350 personas, entre lxs que hay niñxs, adolescentes y adultxs mayores. El juez que interviene en la causa es Jorge Virginio Cesari, a cargo del juzgado Nacional Civil N°60 y fijó fecha de desalojo para el próximo martes 31 de octubre. Lxs vecinxs están con miedo, no tienen a donde ir, en los alquileres informales no lxs reciben porque tienen hijxs y el mercado inmobiliario directamente lxs expulsa cuando les piden sumas altísimas en dólares.
Algunxs viven allí hace más de 20 años, son trabajadores y trabajadoras de la economía popular, migrantes y jefas de hogar. Las familias, organizadas en asamblea decidieron que van a resistir porque durante todos estos años convirtieron a Casa Santa Cruz en un lugar habitable y se encargaron de mejorarla. No quieren quedarse en la calle.
Evelyn Villanueva lleva 15 años viviendo en Santa Cruz junto a su esposo y su hijo de 12 años que tiene una discapacidad. “Nosotros no queremos vivir gratis, estamos dispuestos a pagar porque este es el hogar donde nació mi hijo y nosotros lo arreglamos. Apenas llegamos acá no había nada, ni agua, ni desagües, ni luz. Empezamos desde abajo y de cero porque esto era solamente como un cascarón. Pusimos baños hasta en todos los pisos y todo lo hicimos los vecinos. Nos encargamos de la pintura, la limpieza, la seguridad, organizamos todo”, señala Evelyn y agrega: "Estoy con el temor de no saber a dónde vamos a ir y es más complicado alquilar cuando tenes chicos. La realidad es que si vivimos acá todavía es porque no podemos pagar otro lugar y ahora está todo peor, cada tres meses te quieren subir y si queres hacer un contrato, te dicen que en tres meses puede cambiar. No sé dónde voy a ir con mi familia, somos personas que verdaderamente luchamos y trabajamos pero con la inflación que hay en el país no podemos más."
Una historia de resistencia
La casa colectiva está ubicada en la calle Santa Cruz 140, en el barrio porteño de Parque Patricios. El edificio de tres pisos pertenecía a la fábrica textil SELSA, funcionaba como un espacio de asistencia social de la empresa que quebró en 1990 y permaneció abandonado hasta el 2002 cuando se convirtió en vivienda colectiva y llegaron las primeras familias que compraron unidades habitacionales por $5000 u $8000 dólares a Jacobo Scharman de la empresa Dalton S.A. Scharman desapareció y hoy en la justicia esas compras figuran como estafas. Algunos habitantes cuentan que fue el mismo dueño de la empresa SELSA el que habilitó a los empleados a ocuparla para vivir. En 2010 el lugar pasó por una subasta pública para cubrir los gastos de la quiebra y fue adquirido por Leonardo Ratuschny - quien posee varias propiedades en la Ciudad de Buenos Aires que convirtió en alquileres de piezas precarias y por los que cobra sumas altísimas - con varias familias viviendo dentro, quienes intentaron comprarle la propiedad por vías legales pero Ratuschny se negó y desde ese momento sus habitantes afrontan un juicio de desalojo.
“Mi hijo más grande que tiene 11 años me pregunta todos los días ‘¿por qué nos quieren sacar de nuestra casa’”, dice Yoleisy, mamá de tres niñxs. Llegó a Santa Cruz hace 10 años, al principio vivía con su mamá y tiempo después pudo armar su propia pieza. "Mi hija de ocho años está muy asustada porque vivió acá toda su vida, tenemos nuestro pequeño espacio donde nuestros hijos se sienten contenidos, es el hogar que nosotros le podemos brindar dentro de nuestras posibilidades. Todos los niños preguntan a dónde vamos a ir y no sabemos que contestarles", se lamenta.
En 2015 las familias recurrieron al Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), donde contaron la situación extrema en la que se encontraban, la respuesta que recibieron fue que solo una familia reunía puntaje suficiente para acceder a un crédito que establece la Ley Nº 341 que garantizar el acceso a las viviendas sociales en tierras ociosas.
Cómo desde el primer día las familias buscaron una solución colectiva y crearon la cooperativa de vivienda Papa Francisco, para comprar un terreno y construir sus propias casas. La cooperativa se encuentra inscripta en el programa de la Ley Nº 341 pero según las autoridades del IVC no hay presupuesto.
Rosa Herrera se convirtió en defensora de las familias hace años y se puso al hombro la causa, es abogada de Liga Argentina por los Derechos Humanos: “Estamos reclamando que el Estado se haga responsable y cumpla con el derecho constitucional de acceso a la vivienda digna. Hemos presentado todos los recursos, apelamos, pedimos intervención del IVC, del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad y del Defensor del Pueblo, todos se presentaron en el expediente, sin embargo, nada de eso hace mover la decisión del juez que el cinco de septiembre ordenó el desalojo de 350 personas, 99 niñas, niños y adolescentes, mayormente las mujeres.
"El Gobierno de la Ciudad dice que las familias tienen que presentar un presupuesto para que puedan alquilar pero hoy el mercado inmobiliario no tiene ningún tipo de regulación a pesar de los esfuerzos de distintos movimientos sociales y de inquilinos. El mercado inmobiliario impone el precio del alquiler en dólares, por lo tanto hoy no están dadas las condiciones que garanticen una vivienda digna para las familias. La semana pasada el juez emitió una nueva resolución donde establece que el 31 de octubre es indefectiblemente la fecha del comienzo del desalojo y habitó la posibilidad de hacerlo de manera escalonada, tiene que empezar el 31 de octubre y se debe cumplir durante 30 días corridos.
Lo que no dice es cómo va a ser operativo ¿Pretende que las familias estén valladas por 30 días o va a transformar una casa familiar y colectiva en un destacamento? ¿Las autoridades de la Unidad de Secretaría de Inclusión Social y Asistencia Inmediata se van a instalar dentro de la casa militarizada? No tenemos ningún tipo de información al respecto. El juez dice que el responsable para llevar adelante esto es el Gobierno de la Ciudad y si considera que las fuerzas policiales no son suficientes, tienen que pedir el auxilio de las fuerzas federales que para llevar adelante semejante operativo va a necesitar de 10 mil policías, es decir, que la decisión política del gobierno, que siempre nos dice que no hay presupuesto para vivienda ni para las soluciones de emergencia, es aplicar el presupuesto para la represión”, explica Herrera.
Organización contra el lobby inmoviliario
Scot Douglas llegó de su Perú natal hace 22 años y hace 16 vive en Santa Cruz, su casa es una habitación un poco más grande, la pudo amueblar de a poco, nos invita a pasar, tiene un cuadro bordado con un paisaje de la tierra que lo vio nacer. Junto a su compañera ahorró peso a peso para dejar la casa en las mejores condiciones. "Esto estaba muy abandonado, lleno de bichos, excremento y demás cosas, porque no lo utilizaban. Lo pudimos arreglar para vivir porque estamos en una ciudad en la que no se puede comprar ni alquilar, lo que te piden es absolutamente demasiado y ahora en dólares. Si nos desalojan nos quedamos en la calle porque no tenemos otra solvencia, ni otro lugar a donde irnos."
Scot se gana el peso haciendo changas, su suegro le prestó un auto para hacer remis y su compañera es masajista. “No solo vamos a sufrir un desalojo, sino que nuestros chicos se van a quedar sin poder ir a la escuela porque pretenden hacer 30 días de operativo policial y nosotros nos tenemos que quedar resistiendo”, asegura. José Luis Pereyra es uno de los habitantes más antiguos, vive en casa Santa Cruz hace 13 años. Todos los días sale a recolectar ropa usada, la arregla y la vende en ferias. Tiene dos perritos que rescató de la calle y son su compañía. “Tengo 63 años, no tengo trabajo seguro y si me sacan de acá no tengo a donde ir.”
Herrera enumera el sin fin de soluciones que buscaron sin éxito las familias: “Presentaron una propuesta de compra del edificio, formaron una cooperativa, armaron proyectos de regularización de vivienda y de declaración de emergencia socioambiental de toda la manzana donde está ubicada Santa Cruz y un proyecto de ley de expropiación. Además golpeamos todas las puertas del gobierno nacional y de la ciudad pero está claro que el poder estatal y judicial es un brazo auxiliar del mercado inmobiliario y del despojo de los bienes públicos”, asegura.
Las familias están organizadas, se cuidan entre ellas, se sostienen y se convirtieron en una comunidad muy unida. Hoy para ellas todo es incertidumbre pero hay una solo cuestión que tienen muy en claro, van a resistir por su derecho a una vivienda digna.
