En febrero, las transferencias automáticas –explicadas en el grueso por la coparticipación- a provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) habrían caído 19,5 por ciento interanual, descontando el efecto de la inflación. Los datos surgen de estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) y se condicen con la política del Gobierno, de licuar gastos cuando no directamente recortarlos, y de afectar específicamente los fondos que les corresponden a las provincias. Si se suman los montos transferidos durante el primer bimestre del año, equivalen a la menor suma de los últimos 9 años expresada también en moneda constante.

Las estimaciones del Iaraf muestran que en febrero de 2024, el Gobierno nacional envió al consolidado de provincias más CABA 2.212.000 millones de pesos en concepto de coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Descontando el proceso inflacionario del período –que el Instituto proyecta en el orden del 15 por ciento mensual- esto se traduciría en una caída real de 19,5 por ciento interanual. Esta caída se debió principalmente a la menor recaudación real del impuesto que más se coparticipa: Ganancias, que perdió 38,3 por ciento en gran parte explicado por el cambio estructural que sufrió a fines del año pasado con la eliminación de la cuarta categoría. En febrero también disminuyó la recaudación de otro coparticipable: el IVA que en términos reales retrocedió 3,5 por ciento.

Todas las jurisdicciones acusaron una caída en los ingresos por coparticipación, leyes complementarias y compensaciones. Analizada por territorio la pérdida fue más sentida en el caso de la provincia de Buenos Aires –que recaudó 21,6 por ciento interanual menos que en febrero de 2023- y menos acentuada en CABA –que perdió 15,7 por ciento interanual. Buenos Aires (490.122 millones de pesos), Santa Fe (193.053 millones), Córdoba (187.862 millones), Chaco (105.486 millones) y Entre Ríos (103.213 millones) fueron las provincias que más fondos percibieron por estos conceptos. Le siguen en importancia Tucumán, Mendoza y Santiago del Estero, siempre siguiendo los datos del Iaraf.

En el acumulado al primer bimestre del año, las transferencias automáticas por coparticipación y demás conceptos alcanzaron los 4.500.000 millones de pesos, que en términos comparativos más extensos, implicarían el más bajo monto medido en moneda constante para un primer bimestre de los últimos 9 años. A su vez, respecto a igual período de 2023 aquella suma se traduciría en una caída real del 15,4 por ciento. Es dable esperar que esta tendencia no se recupere, en primer lugar como parte de una decisión del Gobierno nacional de licuar todas las partidas del gasto frente a la inflación, y en segundo lugar por una merma en la recaudación impositiva.

Vale recordar que en enero el Sector público nacional alcanzó el primer superávit financiero de los últimos 10 años: desde agosto de 2012 no se registraba un saldo positivo en el balance del sector público luego del pago de intereses. Si bien el Gobierno celebró abiertamente el resultado, varios analistas posteriormente advirtieron que el mismo dependió en gran parte de la suspensión de casi la mitad de los pagos que debía cursarse en enero. Un mes que además es estacionalmente poco demandante en materia de gastos. Es decir, que el Gobierno debería esperar en plantar la bandera del orgullo. Aún así, Iaraf estimó además que en enero que el gasto público acusó el mayor recorte de los últimos 30 años, al contraerse 39,4 por ciento en términos reales.

Solo una caída importante del gasto fiscal permitirá al Gobierno alcanzar la meta de 2,1 por ciento del PBI de superávit primario este año. Esto se debe a la caída esperada en la recaudación tributaria vinculada con la actividad económica, es decir, los recursos coparticipables que –como se vió- disminuyeron en términos reales en el primer bimestre del año. Así, la recaudación dependerá mayormente de los impuestos no vinculados con la actividad. A saber, retenciones e Impuesto PAÍS. El cobro de retenciones, aunque mejoraría respecto del 2023 de sequía se verá también afectado por menores precios de las commodities agrícolas y algunas dudas en la liquidación asociadas a la política cambiaria. Es decir, aún pese a la motosierra y la licuadora, no es un camino llano el del ajuste fiscal.