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En un trabajo del antropólogo Alejandro Isla se muestran dos índices sobre la inseguridad. El primero es un muestreo de la cantidad de delitos que se cometen en distintas ciudades de América latina. Buenos Aires con su conurbano aparece bastante abajo en la lista. El otro se refiere a la sensación de inseguridad en esas mismas ciudades. Y allí, Buenos Aires aparece en segundo lugar, detrás de Bogotá. A continuación, el hombre hace un listado de todos los levantamientos populares que se produjeron en el país desde 1990 por casos de gatillo fácil o crímenes en los que estaba involucrado un sector del aparato estatal o del poder político. Desde el caso de María Soledad en Catamarca, hasta los más recientes de Santiago del Estero, son numerosas las puebladas de ese tipo. La conclusión es, entonces, que el hecho de que la sensación de inseguridad sea superior a la inseguridad concreta, por lo menos en relación con otras capitales, se debe a que quienes tienen que dar seguridad también están en tela de juicio.
El antropólogo de Flacso avanza entonces sobre la raíz de este problema y llega a la dictadura. Afirma que al tomar el poder en 1976, los militares se propusieron acabar con las formas de violencia extra o paraestatal. Así desmantelaron los restos del accionar guerrillero y también a las mafias organizadas de la delincuencia común. Pero la forma como actuaron los puso a ellos del otro lado de la ley, con el agravante de que como ellos eran, además, los encargados de hacerla cumplir, al mismo tiempo tenían garantizada la impunidad. Habían logrado delinquir sin riesgo, que es la máxima aspiración de un delincuente.
La idea es que esta forma de delinquir también existía desde antes de la dictadura pero no estaba aceptada en forma institucional como una consecuencia inherente al monopolio de la violencia o del uso de la fuerza por parte del Estado. Cuando la dictadura puso a todas las instituciones fuera de la ley, terminó de romper las barreras éticas y tabúes que impedían ese desborde. A partir de allí en todos los grandes delitos interviene un sector del aparato estatal en distintos niveles, a veces porque se originan allí, a veces porque son buscados por los delincuentes para asociarse. No solamente son las fuerzas de seguridad sino también sectores de la Justicia y de la administración pública. La dictadura instaló como idea-fuerza la impunidad del poder político, que culminó en la gran fiesta del menemismo que instaló, a su vez, el concepto complementario de que cualquier actividad se justifica por su ganancia material directa. Una idea que terminó de corromper todos los estamentos del aparato estatal y del sistema político.
La problemática de la inseguridad es real, pero además es compleja, y en cada país asume características que se decantan de su propio desarrollo histórico, por lo que no es fácil tomar parámetros comunes con otras realidades. Tampoco es posible enfocarlo desde un solo flanco porque además de los factores específicos intervienen otros de carácter ético, cultural, educativo, político y económico. El económico es decisivo porque incide en los niveles salariales de las fuerzas de seguridad que deben ser mejores que los actuales pero no tienen por qué ser mayores que los de los maestros, los científicos o los buenos administradores. Tiene que ver con la capacitación intelectual y el equipamiento tecnológico. Y tiene que ver con la infraestructura carcelaria en cantidad y en calidad. Además, cuando interviene el factor económico se despiertan intereses ajenos a la necesidad legítima de seguridad, que apuntan a negociados con privatizaciones y tercerizaciones. Los representantes de estos intereses exacerban el debate para negociar en mejores términos.
Sin embargo, la dificultad no puede justificar la inmovilidad y es legítimo que la sociedad reclame voluntad política para mantener la iniciativa permanente en ese plano. La propuesta de Juan Carlos Blumberg tiene un enfoque parcial pero nadie puede defender que haya asesinos y violadores reincidentes en libertad porque son un peligro para cualquiera,sea de izquierda o derecha, rico o pobre. Esa también es una falla del sistema. El problema es que sobre estos reclamos legítimos suele montarse una derecha que durante años ejecutó o apoyó políticas que llevaron a esta situación. Y propone más de lo mismo: antagoniza la problemática de la seguridad con los derechos humanos y reclama mano dura, una receta que, como demuestra el antropólogo Isla, es la que ha generado más inseguridad, donde la supuesta cura terminó siendo peor que la enfermedad.