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–Hace más de veinte años que el aborto inseguro es la principal causa de muerte materna. ¿Qué se debe hacer?

–Históricamente, el aborto fue un método erróneamente anticonceptivo. La Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud no lo proponen como tal. El aborto es algo no deseable para casi todas las personas. Es una intervención desagradable. La mujer que se enfrenta a un aborto tiene riesgos de complicaciones, sobre todo cuando pertenece a una población excluida, marginada, pobre, indígena, que no pueden acceder a los lugares seguros donde se practican. La sociedad argentina es bastante complicada. A veces es muy fácil tomar resoluciones por otros casi cínicas.

–¿A qué se refiere?

–Los anticonceptivos en Argentina existieron desde que se crearon. Y nadie nunca dijo nada. Pero cuando van al sector público salen las voces de alerta. Yo, como cualquier persona de nivel socioeconómico medio alto, tengo acceso a todos los anticonceptivos: a los de emergencia, a las píldoras, al DIU y hasta a un aborto seguro en la Argentina, e inclusive en otro país si quiero viajar. Hasta hace pocos años, cuando se sancionó la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, la persona que no tenía recursos no tenía acceso a los anticonceptivos, porque la barrera económica es infranqueable. Cualquiera de nosotros en una disyuntiva de usar el dinero para comer o para anticonceptivos, lo usamos para comer. Es perversa la propia sociedad con el resto al que va excluyendo y excluyendo. La argentina en particular es una sociedad que oculta sus problemas. En foros internacionales, representantes argentinos, no necesariamente autoridades de Gobierno sino también de sociedades científicas u otros ámbitos, declaran, por ejemplo, que en el país no hay problemas de desnutrición. Hablan de la Argentina que está en la ciudad de Buenos Aires o en provincias ricas, pero no de las otras. Y Argentina es una mezcla. Si yo veo la mortalidad materna comparada con la de Canadá, que en América es el paradigma, el que tiene mejores indicadores, la Argentina tiene una distancia de un 70 por ciento. Canadá tiene una mortalidad materna de 5 a 8 por 100 mil nacidos vivos, en relación con un 40 o más cada 100 mil de Argentina. Si mido por jurisdicción, encuentro que en la ciudad de Buenos Aires la tasa es de 11 por 100 mil, parecida al 8 por 100 mil de Canadá. Pero Formosa, Corrientes, Chaco o Tucumán tienen una mortalidad materna por arriba de 100 por 100 mil. Es decir, reproducimos el mismo fenómeno de inequidad que criticamos de los países centrales en relación con los periféricos. Y eso ya es responsabilidad nuestra.

–¿Cómo enfrentar entonces la mortalidad materna? El último registro oficial mostró un aumento en la medición.

–Cuando se aprueba una ley como la de Salud Sexual y Procreación Responsable, no se cumple al día siguiente. La disposición de anticonceptivos a nivel poblacional lleva tiempo. Todavía hay muchas mujeres que no se enteraron en las zonas periféricas del norte argentino de que los anticonceptivos son gratuitos.

–¿Es una falla de comunicación del Estado?

–No sé si solo del Estado nacional. Recuerde que Argentina, y ése es otro de los problemas, es federal para lo que debe ser unitario y unitario para lo que debe ser federal. No puedo tener en un país salud y educación de primera, segunda y tercera categoría de acuerdo con la capacidad económica de cada provincia. Va en contra del principio de equidad y desarrollo. Si lamentablemente tengo una provincia rezagada en relación con las otras, le tengo que poner recursos, más dinero y más acciones, para que, por ejemplo, Formosa se parezca a Buenos Aires. Pero siempre el hospital se inaugura en Buenos Aires, las cátedras de la principal universidad están en Buenos Aires. La Universidad también tendría que tener un compromiso social y una extensión hacia zonas más desfavorecidas. Lo mismo sucede con la educación: el maestro peor pago es el de las provincias más pobres, donde hay más chicos con problemas de educación. Lejos de que la salud y la educación sean criterios igualadores, están haciendo que la brecha sea mayor entre provincias ricas y pobres. No sólo hay un problema de comunicación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, sino también de las provincias. Hay provincias que se han resistido a la aplicación de la ley. Hay un segundo aspecto y es que había una cultura muy arraigada en los médicos y era que indicaban anticonceptivos en la consulta privada cuando estaban prohibidos en el hospital público. Eso era de alguna manera fuente de ingresos para el profesional. Cuando sale la ley de Salud Sexual y Procreación Responsable, algunos profesionales se negaron a indicar anticonceptivos porque tradicionalmente no lo hacían en el sector público. Eso se ha ido rompiendo pero tarda. Por eso insisto en que una vez sancionada la ley hay que trabajar en las sociedades científicas con los médicos y también con la sociedad civil para que conozca sus derechos. La otra gran causa de mortalidad materna –después del aborto– es la hemorragia posparto. Y es consecuencia de la calidad de atención de los servicios. Ese es el tercer problema de la Argentina. La casi totalidad de los partos son institucionales. Si una mujer se muere por hemorragias posparto hay algo que en la institución falló. El problema de salud es integral. No se soluciona construyendo un hospital o un puesto de salud. Se tiene que tener una gran base de atención primaria que llegue al ciento por ciento de la población, pero a su vez tiene que tener una referencia a nivel secundario, donde está el hospital y se asisten los partos, y a nivel terciario, cuando se prevé que será un parto complicado y se necesita terapia intensiva neonatal. Si no está escalonado con una gran red de atención primaria, el hospital no puede solucionar todo. Cuando alguno de los eslabones de esta cadena se corta es cuando sucede esto. Lo triste de Argentina es que invierte casi el doble que Uruguay y sus resultados maternos y neonatales son peores.

–¿Mucho más invierte?

–Casi el doble y Uruguay tiene menos muertes maternas, menos muertes neonatales y menos muertes infantiles.

–Una estrategia que ha resultado exitosa en Uruguay para bajar la mortalidad materna por aborto ha sido la implementación de una política de reducción de daños, que consiste en una consejería pre y pos-aborto, a través de la cual, en la confidencialidad de la consulta, a una mujer con un embarazo no deseado se le advierte sobre cuáles métodos son riesgosos y cuáles más seguros para interrumpir esa gestación, como el aborto con medicamentos. ¿Cree que se debería replicar esa experiencia en la Argentina?

–Uruguay tiene algunas características que hay que destacar. En primer lugar es el país menos inequitativo de América latina y el Caribe, es decir, el país donde la diferencia entre ricos y pobres existe, pero es menor, y mejor se distribuye su riqueza. Eso ya es un escalón. Segundo: tiene la red de saneamiento más extendida de América latina y eso sin dudas tiene que ver con la salud. Tercero: es el país de Latinoamérica con menos analfabetos. Cuarto: tiene una red de atención primaria extendida en todos sus departamentos, con buena asistencia a los controles prenatales. Es cierto que es un país más sencillo que Brasil, Chile o la Argentina, porque es plano y pequeño, pero de cualquier manera tiene menos recursos. Quinto: hace tiempo que tiene programas de planificación familiar de entrega gratuita de anticonceptivos en los hospitales. A Uruguay le quedaba el residual del aborto y una de las respuestas ha sido esta consejería que se le da a la mujer cuando decide hacerse un aborto. La sociedad civil y médica la acepta. Si bien no es una norma que despenaliza el aborto, de alguna manera está trabajando sobre ese tema. Y yo creo que el aborto debe ser despenalizado. Despenalizar el aborto quiere decir que la mujer que se somete a un aborto no vaya presa, que deje de estar el aborto en el Código Penal, porque si una mujer se somete a un aborto inseguro, clandestino, va a tardar en ir a un servicio de salud a atenderse por las secuelas que la afectan porque tiene miedo de ir a la cárcel y todo el mundo la señala con el dedo. No va o va casi muerta, cuando es tarde. El hecho de despenalizar el aborto es un paso trascendente para que la mujer reciba atención temprana en un servicio de salud. El otro paso es la legalización como tienen los países desarrollados, que el aborto no sea ilegal.

–¿Para que se haga en los hospitales públicos?

–O no, en España menos del 2 por ciento de los abortos se hacen en los hospitales, porque es algo tan privado que las mujeres eligen una clínica privada.

–Pero en España sigue penalizado, con determinadas excepciones. De todas formas, muchos médicos españoles alegan objeción de conciencia en los hospitales públicos.

–Uno puede ser católico practicante y no tiene por qué hacer un aborto. Hay que respetarlo. Otro no católico puede decidir hacerlo. No hay que estigmatizar a la gente. Fíjese que Israel, que es un estado teocrático, tiene el aborto permitido hasta las 12 semanas; países católicos como Italia, Francia, Portugal y España, también lo legalizaron. ¿Por qué? Porque una ley no obliga, una ley que despenaliza el aborto es una puerta de salida para una mujer que en un momento inadecuado, por diferentes razones, económicas, por enfermedad, por la muerte de su compañero, los miles de problemas que pasan en la vida, no puede seguir con un embarazo, pero en cambio hoy nosotros encima la castigamos. Se lo tiene que hacer clandestino, en un lugar no habilitado y eso es lo que lleva a la muerte. Hay pasos sucesivos. Uruguay avanzó con la consejería pre y posaborto y ahora está en el Parlamento una ley de despenalización, con media sanción del Senado, que tiene que discutir la Cámara de Diputados. En sociedades evolucionadas esta discusión dejó paso a la tolerancia, a que cada uno reaccione de la manera que su conciencia le indique.

–A poco de asumir, la ministra de Salud de Argentina, Graciela Ocaña, planteó que el aborto era un problema de política criminal y no sanitario. ¿Comparte esa opinión?

–No. La tasa de mortalidad materna muestra que es un problema de salud. Las mujeres se mueren por aborto. Las mujeres se mueren de cáncer y todo el mundo coincide en que está mal. La gente se muere de cáncer de pulmón y hay leyes que prohíben fumar, pero no leyes que prohíben la atención del cáncer de pulmón. Si el abordaje es profundizar los programas de anticoncepción y educación sexual, despenalizar el aborto o legalizarlo lo podemos discutir, pero que es un problema de salud pública, que a su vez se le agregó un problema de política criminal, no se puede negar.

–¿Argentina debe avanzar hacia la despenalización del aborto?

–En Argentina se deben tomar medidas para reducir el aborto, todas las que sean posibles. Lo importante es llegar hasta última instancia con la anticoncepción y además se debería discutir libre y seriamente la despenalización del aborto.

–La Iglesia Católica es el principal opositor en la Argentina cuando se plantean avancen en materia de derechos sexuales y reproductivos...

–La Iglesia Católica es una entidad eminentemente machista. ¿Quién puede ser papa? Un hombre. ¿Quién puede administrar los sacramentos de la Iglesia? Un hombre. Yo puedo tener todas las creencias que quiera y está bien que profese la religión que elija, pero no tengo que obligar a los demás. La sociedad es plural, hay que aprender a convivir en democracia, el autoritarismo no es parte de la democracia.