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En un nuevo capítulo de la guerra interpoderes, el Gobierno presentó un recurso extraordinario contra el fallo de la Justicia que declaró la inconstitucionalidad de los decretos que establecieron el corralito y la pesificación de los depósitos. El objetivo del Ejecutivo es evitar que el Poder Judicial continúe interfiriendo en sus decisiones de política económica.
En caso de que la Cámara en lo Contencioso Administrativo no habilite el recurso extraordinario ante la Corte Suprema, el caso podría llegar hasta el máximo tribunal por la vía de un recurso de queja. De esta manera el Ejecutivo intenta agotar todos los caminos formales para, al menos, intentar neutralizar la amenaza del Poder Judicial de dar marcha atrás con la pesificación. Como ya sucede en distintas instancias judiciales, muchos jueces están fallando no solamente a favor de la redolarización de los depósitos, sino también de las deudas, un mal trago que puede llevar a las cacerolas a más deudores que ahorristas. Mientras tanto, dichos fallos quedan firmes, afectando seriamente la situación patrimonial de algunos involucrados a quienes, a diferencia de los bancos, el Estado no subsidiará por la diferencia.
Así, mientras un sector del Poder Judicial sigue utilizando al sistema jurídico para presionar por sus privilegios, sea en el tema jubilaciones “especiales” o para atrincherarse en sus cargos, el Poder Legislativo no logra alcanzar el consenso mínimo como para aceptar o rechazar el juicio político a la Suprema Corte. Y esto a pesar de que existe más de un centenar de denuncias en su contra.
La Sala V de la Cámara en lo Contencioso Administrativo resolvió el 13 de septiembre pasado, en una causa iniciada por el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, la inconstitucionalidad de los decretos 1570/01, dictados por el ex presidente Fernando de la Rúa y que impuso el corralito, el 214/02, firmado por el actual mandatario Eduardo Duhalde y que estableció la pesificación, y 1316/02, que suspendió por 120 días la ejecución de los fallos judiciales que permiten retirar fondos del corralito.
En diálogo con Página/12, el procurador general del Tesoro, Rubén Citara, intentó mantenerse fuera de las disputas políticas para concentrarse en la argumentación jurídica. Para el procurador existiría una “falta de legitimación” para que el defensor del Pueblo de la Nación represente intereses particulares. “Su función es defender intereses colectivos”, recordó. El recurso presentado ante la Cámara argumenta que, aunque existían más de siete millones de cuentas al momento de establecerse las restricciones, sólo se presentaron a la Justicia 250 mil, de las cuales obtuvieron resolución 60 mil. De esta manera, Mondino estaría representando los intereses de apenas un grupo de los amparados. Para Citara, esta sería una razón suficiente para que la intervención del defensor del Pueblo “carezca de legitimación” para intervenir en la causa.
En tanto, la Corte Suprema de Justicia ya tiene en estudio una medida cautelar presentada por un ahorrista en contra de la pesificación de sus depósitos. El presidente, Eduardo Duhalde, advirtió en repetidas ocasiones que un fallo del máximo tribunal contra la pesificación “puede llevar a una situación caótica y muy difícil en la Argentina”. En el Ministerio de Economía, en cambio, consideran que en realidad se trataría de un problema de administración de subsidios. Desde esta perspectiva, la redolarización de créditos y débitos solo cambiaría la dirección de los subsidios. En vez de subsidiar a los bancos con más de 9300 millones de dólares (de acuerdo a cifras de la Fundación Capital), se podría subsidiar a los deudores. La ventaja de esta situación es que Economía podría elegir a qué deudores subsidiar, mientras que ahora quedaron favorecidos por igual tanto las grandes empresas exportadoras como los deudores hipotecarios con créditos para vivienda única.