Los votantes de Massachusetts debieran estar alerta: a los bancos más grandes del mundo no les gusta que se los contradiga. La trompada que recibió en las elecciones legislativas de esta semana Barack Obama parece haberlo convencido, finalmente, de que tiene que actuar más agresivamente contra Wall Street. Durante la mayor parte de su año en funciones, el presidente resistió a los reclamos para responder a la crisis financiera con reformas realmente radicales a las regulaciones financieras. Prefirió, en cambio, remodelar las estructuras existentes. Pero en las últimas tres semanas, anunció tres ataques separados sobre Wall Street. Y cada uno de ellos debió doler.

Primero fue el anuncio del presidente de que planeaba imponer un gravamen a los mayores bancos que operan en Estados Unidos, según el cual tendrán que pagar 120 mil millones de dólares para cubrir las pérdidas del país durante la crisis. Una versión del gravamen en curso, como reaseguro contra futuras crisis, también está siendo discutido con otros países. Luego Obama reveló que quiere lanzar una agencia de protección al consumidor, para crear un paraguas para los estadounidenses contra el accionar de los grandes bancos. Y ahora intenta ir aún más lejos, con reformas que en todo, salvo por el nombre, llevará a los bancos a pensar en los días de la Ley Glass-Steagall, cuando estaban obligados a separar sus actividades comerciales de las propiamente de inversión.

La industria bancaria sólo se puede culpar a sí misma. Su respuesta al enfoque inicialmente conservador de Obama de regular la reforma era invertir sus energías en defender el pago de bonificaciones aún más altas, pagadas por el rescate internacional de la estructura del sistema financiero. Se hubiera pensado que los bancos tendrían el sentido común suficiente para ver que, cualesquiera hayan sido los argumentos racionales para sus generosos acuerdos, entregar miles de millones de dólares de ganancias extraordinarias conduciría a una reacción violenta del público.

Sólo en los meses recientes los bancos han comenzado a comprenderlo. Goldman, efectivamente, redujo bonificaciones en los tres últimos meses del año pasado, al no sumar más “aportes” al pozo de bonificaciones y retirar dinero de donaciones de caridad. Sus rivales también recortaron sus dividendos, pagando porcentajes de las ganancias menores a lo habitual.

Estos gestos han llegado demasiado tarde como para testimoniar el sentimiento de indignación del presidente por la conducta de Wall Street. Habiendo visto cómo su índice de aprobación se deterioró –tanto en las encuestas durante los últimos tres meses como en el voto del martes en Massachusetts–, Obama pretende volver a ser visto como alguien capaz de tomar una acción dura.

Por cierto, la única forma de caracterizar los anuncios de ayer es dura. El presidente puede no estar resucitando formalmente el modelo de la mencionada ley Glass-Steagall, pero al insistir en que los bancos comerciales respaldados por una red de seguridad estatal ya no pueden comprometer su patrimonio en actividades comerciales de elevado riesgo, eso es precisamente lo que está haciendo.

Por lo que se ve que, a los bancos eso no les gusta. A medida que se explicaban los planes oficiales con más detalle, las acciones del panel financiero se manifestaron en abrupta caída. El mercado había iniciado la jornada con posiciones bancarias fortalecidas por informes favorables, como Goldman, reportando alzas en sus ganancias. Sin embargo, este optimismo inicial cedió rápidamente no bien se conoció el anuncio del gobierno.

Pese a que todavía resta conocer con más precisión cuándo y cómo se llevarán a cabo esas reformas, el anuncio de Obama es un verdadero cambio de paso en su política regulatoria. Hasta ahora, se conformaba con introducir cambios en las formas de regulación a las instituciones del sistema. Ayer, decidió empezar a forzar cambios en las propias instituciones.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.