ECONOMíA › LíMITES AL SISTEMA DE TARJETAS DE CRéDITO EN EE.UU.

Prácticas “abusivas” allí como acá

El gobierno estadounidense dio otro paso en la regulación del sector financiero. Desde ayer entró en vigencia la ley que controla a las empresas emisoras de tarjetas de crédito. Busca limitar las tasas que cobran y mejorar el sistema de información hacia los usuarios, para evitar las “prácticas abusivas”. El tema también está en el debate financiero en la Argentina, ya que los bancos comerciales basan su estrategia en este segmento muy rentable, en detrimento de los préstamos para inversiones productivas. Mercedes Marcó del Pont, presidenta del Banco Central, se manifestó más de una vez en contra del esquema de negocios que privilegia la banca personal y no canaliza la elevada liquidez del sistema hacia la actividad productiva.

En la Argentina la tasa promedio para la financiación del saldo de las tarjetas de crédito es del 35 por ciento anual. En Estados Unidos, donde comienza a regir la regulación, el tipo de interés ronda el 20 por ciento y casi la mitad de los consumidores acumula una deuda media de 7 mil dólares en sus tarjetas de crédito.

De ahora en más, las compañías no podrán aumentar los intereses de manera retroactiva ni durante los primeros doce meses de contrato y deberán avisar con 45 días de antelación de cualquier suba de tipos y tasas. Además, el cliente podrá aumentar sus pagos mensuales mínimos para acelerar la liquidación de su deuda. “Por demasiado tiempo las compañías de tarjetas de crédito han tenido libertad para emplear tácticas engañosas e injustas que cargaban a los consumidores con costos irracionales”, enfatizó el presidente Barack Obama.

Lo que en la Argentina se tildaría de atentar contra la iniciativa privada y de “persecución” a los empresarios es aplicado por la propia Reserva Federal: “Si no puede pagar su saldo total cada mes, trate de pagar lo más posible. Con el tiempo abonará menos cargos por intereses y ese dinero podrá utilizarlo para otras cosas”, indicó el banco central de EE.UU. Se estima que, por las modificaciones, las entidades financieras dejarían de facturar unos 12 mil millones de dólares anuales.

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