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La misión “técnica” del Fondo Monetario Internacional que se reunirá hoy con el ministro Roberto Lavagna exigirá que el Gobierno pague con reservas los vencimientos adeudados por la Argentina desde el pasado noviembre, tanto al Fondo como al BID y al Banco Mundial, a los que se suman también los de la corriente semana. En total se trata de alrededor de 2900 millones de dólares, casi el 30 por ciento de las reservas. El Gobierno se muestra dispuesto a realizar los pagos, pero intenta encontrar mecanismos que le garanticen que los fondos regresen a las arcas públicas mediante alguna forma de nuevos créditos.
La subdirectora del FMI, Anne Krueger, marcó la línea. La funcionaria no deja de repetir en privado que la Argentina “chantajea” a los organismos con no pagar los vencimientos. Y en el Fondo no están dispuestos a que los roles se inviertan. Dar el brazo a torcer significaría contrariar la estrategia seguida por la dupla Köhler-Krueger con el gobierno de Eduardo Duhalde. Más allá de las declaraciones de buena voluntad, el pago de lo adeudado parece ser la condición sine qua non que los representantes de la entidad plantearán hoy al ministro Lavagna. Aunque algunos miembros del equipo económico se entusiasman con el certificado de buena conducta que otorgaría el acuerdo, el propio ministro se confesó escéptico ante sus colaboradores más cercanos.
No obstante, la posibilidad de encontrar un mecanismo de pago, pero que automáticamente se generen nuevos créditos que permitan compensar la pérdida de reservas internacionales, está siendo analizada. Este sería el principal motivo del viaje a Suiza del titular del Banco Central, Alfonso Prat Gay, donde además de reunirse con autoridades del Banco de Ajuste de Basilea se prevén encuentros con los titulares del FMI, Horst Köhler, y de la Reserva Federal estadounidense, Alan Greenspan.
En el paquete también se incluiría la reactivación de créditos ya otorgados por el BID y el BM, los que por normas estatutarias están atados a la obtención del acuerdo marco con el Fondo. Para gestionar este financiamiento, que suma alrededor de 1700 millones de dólares para proyectos sociales y de infraestructura, viajaría esta semana a Washington el secretario de Política Económica, Oscar Tangelson. Vale recordar que aunque los pagos de 2900 millones deben hacerse inmediatamente, los 1700 millones llegarían en forma escalonada.
Cuando hoy la misión del FMI liderada por John Thornton, responsable del caso argentino, y por John Dodsworth, segundo del Departamento Hemisferio Occidental (que conduce Anoop Singh), le presente a Lavagna sus conclusiones luego de auditar las cuentas públicas durante cuatro días, el ministro planteará la necesidad de que 5000 millones de dólares, sobre vencimientos acumulados y por vencer de 7300 millones, se reprogramen por tres años. Si se lograse este objetivo, teóricamente se conseguiría dejar al próximo gobierno un panorama sin mayores presiones financieras, al menos en el corto plazo. Sin embargo, la refinanciación supondrá siempre un conjunto de condicionamientos y revisiones periódicas que afectarán la autonomía del Ejecutivo entrante, más aun si se cumplen las demandas del Fondo de auditorías mensuales. No obstante, las tribulaciones del próximo gobierno no terminarán aquí, pues a las exigencias del FMI deberá sumarse la renegociación con los acreedores privados.
Con prescindencia de las “diferencias técnicas” que queden cuando la misión regrese a Washington, las conclusiones serán entregadas a las burocracia del organismo esta misma semana. Pero para cualquier respuesta habrá que esperar hasta la próxima reunión de directorio que será recién el 23 de enero.
Luego de la relativa estabilidad con que el gobierno logró pasar el default con el Banco Mundial, las expectativas de cerrar un acuerdo con el FMI ya no desviven a nadie. La lupa sobre las cuentas fiscales y las demandas de reducciones de déficit hasta límites intolerables abandonaron, al menos por ahora, el centro de la discusión económica.