El primer análisis de la documentación que la AFIP secuestró en las oficinas de la multinacional Bunge “confirma la maniobra de la firma, que opera desde la Argentina utilizando como una pantalla sus oficinas en Uruguay”, manifestaron en el organismo recaudador. De esta manera, avanza la investigación sobre posible fraude al fisco de parte de la mayor empresa del país ligada a la exportación de granos, aceites y harinas, que mediante la “triangulación nociva” no pagó ni un peso de impuesto a las Ganancias durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009. La AFIP le está reclamando alrededor de 1200 millones de pesos, por lo que se convertiría, según indican allí, en el caso de evasión más grande de la historia del organismo.

El proceso judicial lo está llevando adelante el juez Carlos Ochoa, a cargo del juzgado federal de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, adonde la empresa tiene su domicilio fiscal. En la AFIP buscan posicionar el caso como “testigo”, advirtiendo que de resultar favorable a la empresa, el antecedente podría alentar este tipo de comportamiento de triangulación con fines de evasión en el sector privado más concentrado.

El hecho que llamó la atención en la AFIP, motivando el comienzo de la investigación, fue que Bunge pagaba antes de 2007 un promedio de 350 millones de pesos al año por el impuesto a las Ganancias, mientras que a partir de ese año su aporte se volvió sistemáticamente nulo. Esta situación no define que se esté frente a un caso de evasión, aunque sí se sospecha de triangulación, que implica que entre el origen y el destino del producto existe una etapa intermedia. Hay evasión si esas oficinas intermediarias se montaran con el único objetivo de no pagar impuestos en el país de origen, funcionando como “pantalla” y no poseyendo “entidad y sustancia”.

La empresa vinculada con la que Bunge teóricamente le vende los productos que luego se despliegan por el mundo es Bunge Uruguay. Como el país vecino –que es considerado como de baja transparencia financiera– no tiene acuerdo de intercambio de información con la Argentina, la investigación sobre las operaciones de la filial debieron realizarse in situ, donde la AFIP constató que Bunge Uruguay está inscripto como contribuyente eventual, allí trabajan algunos pocos empleados y la única importación que figura en sus registros es la compra de camisas por 180 dólares. Desde esa filial uruguaya no existen ventas de granos, aceites o harinas hacia el exterior. Además, la oficina se ubica en la zona franca de Montevideo, con una tributación ínfima, por lo que el pago de Ganancias tampoco se realizó en el país vecino.

Es decir que mediante el mecanismo de “planificación fiscal nociva” la empresa logró evitar pagos por unos 400 millones de pesos por año en impuestos. El 98 por ciento de las exportaciones de la cerealera se facturan al Uruguay. “La siembra, cosecha, transporte, industrialización y comercialización se realiza en Argentina. La oficina no tiene entidad operativa”, resaltan en la AFIP. Luego de solicitar información a la empresa y “no recibir una respuesta adecuada”, el organismo de recaudación realizó la denuncia que derivó en los allanamientos que, según adelantaron, son satisfactorios y confirman la maniobra fraudulenta.

En el sector cerealero hay otras tres grandes empresas con posibles irregularidades fiscales. También a la empresa Aluar, del sector del aluminio, la AFIP le pidió que rectifique su declaración de Ganancias. Según indicaron en el organismo, en el sector automotor estarían modificando sus declaraciones de Ganancias con montos que están por encima de las previsiones oficiales, y las rectificaciones también se estarían dando en el sector avícola y el cerealero/aceitero.

Esos descargos son respuestas a investigaciones sectoriales que la AFIP realiza y publica semanalmente. Para evaluar si existen irregularidades, analiza la rentabilidad impositiva con respecto a la media del sector. Además, se enfoca en las triangulaciones con paraísos fiscales. En este sentido, tiene en la mira unos 5000 millones de dólares en Suiza, 8800 millones en Uruguay, 1000 millones en Barbados y 1000 millones en las Islas Caimán. Los sectores involucrados son el minero, petrolero y la pesca, entre otros.