La crisis financiera internacional, producto de años de desregulación del mercado, puso en tela de juicio el papel de los bancos, los fondos de inversión, las agencias de calificación y hasta los bancos centrales. Sin embargo, no se prestó atención a las posibilidades de mejora en la función de las auditorías. Ese segmento detenta una estructura concentrada donde sólo cuatro firmas (Deloitte & Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCoopers y KPMG) manejan el 80 por ciento del mercado y carecen de una regulación eficaz. Los reportes de estas firmas sirven para analizar la estructura de una empresa, y esta información es demandada desde inversores hasta organismos públicos de recaudación. La Comisión Europea inició una amplia investigación sobre el de-sempeño de estas firmas durante el desplome de 2008, dado que entre sus clientes están bancos que generaron ese colapso.

“Numerosos bancos registraron pérdidas astronómicas entre 2007 y 2009 en sus posiciones, tanto en el balance como fuera del balance, lo que no sólo plantea la cuestión de cómo los autores pudieron redactar para sus clientes informes de auditoría sin expresar reservas en ese período, sino también las suficientes del marco legislativo actual”, señala el Libro Verde que difundió la Comisión Europea y que se discutirá este mes. El documento acerca como primera medida la necesidad de salir del actual oligopolio de auditoras y desregular la actividad con nuevos criterios de selección.

El debate es acerca de las medidas que debieran adoptarse para garantizar que tanto las auditorías de los estados financieros como los informes se adecuen para contribuir a la estabilidad financiera de los mercados. La Comisión propone que se discuta entonces la función del auditor, el gobierno y la independencia de las firmas de auditoría; la supervisión de estas firmas; la configuración del sector; la creación en Europa de un mercado único que preste esos servicios, la simplificación de las normas para las pymes y la cooperación internacional para la supervisión de las redes internacionales.

La capacidad de lobby de las denominadas Big Four (cuatro grandes) complicará la tarea. “La idea es que se avance en un proceso de mayor regulación, ya que el tamaño actual de estas firmas genera un gran riesgo desde el punto de vista del flujo de información. Por eso no veo que este debate prospere fuera de Europa. Particularmente, me refiero a los Estados Unidos, donde estas compañías tienen mucho poder”, explicó a este diario el director de la auditora BDO, Eduardo Becher.

La actividad también reconoce limitaciones similares a las que muestran las agencias de calificación: las auditoras deben emitir juicios respecto de la salud financiera de las empresas que las contratan. En este caso, existen limitaciones. Por ejemplo, las empresas no pueden tener un cliente cuyo peso en la estructura de la firma sea desequilibrante. Sin embargo, con el tamaño de la Big Four esa limitación se diluye. “Es un hecho que cuanto más dependa un auditor de una empresa en particular en lo que hace a sus ingresos, más alta es la amenaza a su independencia”, explicó a este diario el presidente de la Comisión Nacional de Valores, Alejandro Vanoli. La función de las auditoras es revisar los estados financieros preparados para la administración de la empresa y emitir una opinión, destinada a hacerse fe pública. La CE insiste al respecto en que los auditores deben ofrecer un grado elevado de garantía a las partes interesadas con respecto a los rubros del balance y a la valoración de dichos rubros. Además, considera que deberían usar la información privilegiada con la que cuentan para hacer proyecciones. El titular de la CNV difiere con esa iniciativa. “La intervención del auditor en prospecciones hacia el futuro es un tema delicado por las subjetividades que toda proyección trae aparejada. Su participación, si es requerida, debería limitarse a señalar si las bases de tal proyección son consistentes o no”, expresó Vanoli.

En la Argentina estas empresas replican su estructura mundial de negocios, a la que se suma la falta de control que existe sobre ellas. El Consejo Profesional de Ciencias Económicas es la única entidad que las regula, y está compuesto con representantes de este tipo de firmas. Si bien el riesgo de una crisis por la concentración es acotado, dado el tamaño de los mercados locales, es llamativo que no se las regule, ya que entre los usuarios de esa información se encuentra la AFIP. El titular de la CNV asegura que “toda concentración es mala y por ello toda medida que contribuya a incorporar nuevas firmas al mercado con certificación de calidad es positiva”.