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Producción: Tomás Lukin

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El origen

Por Mariano Kestelboim *

En Rangún, una ciudad con más de 4,3 millones de habitantes de Myanmar, abundan los “talleres del sudor”. Allí, además de haber niños trabajando, a las 12 horas se corta la electricidad por media hora. En ese tiempo, los obreros almuerzan. De otra manera, los empleadores, que pagan salarios de 18 dólares mensuales, no pararían una producción destinada básicamente a la exportación. Movimientos de defensa de los derechos humanos combatieron esas prácticas y empresas como Heineken, Phillips, Levi Strauss, Apple, Pepsi y Reebok, entre otras, decidieron abandonar su producción en ese país.

La dinámica competitiva en la industria mundial, exacerbada por el neoliberalismo desde los años ’70, ha combinado una lamentable escalada de abusos en la producción estandarizada de menor valor agregado con la profundización de incentivos económicos a la automatización, la robotización y el desarrollo de la inteligencia artificial aplicada a la producción.

Ambas tendencias sistémicas han operado en una misma dirección: el continuo aumento de la productividad laboral. De esta manera, este fenómeno, sumado a la derrota soviética a fines de la década del ’80 y al impresionante desarrollo de las telecomunicaciones, que dio respuesta a las necesidades del capital financiero, decantó en un nuevo orden global que agravó la exclusión social y la precarización laboral.

La competencia entre capitales cada vez más concentrados y, por lo tanto, con mayor capacidad de oposición a los intentos de regulación estatal de los mercados retroalimentaron los problemas de distribución del ingreso, en la medida en que cada vez menos actores acumulan la renta mundial sin producir una demanda equivalente. En las últimas cuatro décadas, la fabricación de bienes y servicios mundial aumentó tres veces y media, muy por encima del crecimiento poblacional (1,9 vez).

El reposicionamiento de la teoría neoclásica sirvió de sustento para la promoción de una distribución de las actividades productivas en función principalmente de la abundancia relativa de los factores de la producción. De este modo, se fragmentaron los procesos fabriles y las industrias de mayor demanda de trabajadores se relocalizaron en gran medida en las zonas asiáticas más densamente pobladas y empobrecidas, que incorporaron a cientos de millones de nuevos trabajadores con salarios de subsistencia y precarias condiciones laborales. Los países desarrollados, por su parte, conservaron la producción de las áreas de mayor complejidad tecnológica. En América latina se aplicaron políticas que, impuestas en su origen por la fuerza, agudizaron su dependencia financiera y tecnológica de los centros económicos mundiales.

La presión competitiva, generada por los extraordinarios niveles de oferta, agravada por el ingreso de China a la OMC en 2001, provocó el desmantelamiento de gran parte de la industria de Occidente y el progresivo empeoramiento de las condiciones productivas. Asimismo, la gran reducción de las barreras comerciales ha implicado que las pérdidas de mercado sólo puedan ser recuperadas a través de políticas crecientemente agresivas, retroalimentando la presión competitiva. En ese contexto, la legislación de defensa de los derechos de los trabajadores ha tendido a flexibilizarse y/o a evadirse.

Hasta la crisis internacional, iniciada en 2008, el mayor desarrollo tecnológico y el dominio financiero de los países centrales, promotores de la actual organización de la producción, preservaba a sus economías de las crónicas crisis que afectaban a la periferia. Sin embargo, la evolución productiva, sobre todo de China e India, agudizó la destrucción de puestos de trabajo de las economías centrales, que exhiben la incapacidad de sus mercados para crear empleos como mecanismo de distribución del ingreso. Así, el excesivo endeudamiento generó una explosión inesperada, que exhibió la vulnerabilidad del sistema financiero y su necesidad de comenzar a desregular sus mercados laborales.

En este marco de voracidad competitiva se deben revalorizar los logros en materia de integración de América del Sur como medio para ganar poder de negociación y coordinar políticas de rechazo de la competencia bajo condiciones abusivas de los derechos de los trabajadores.

El interés inescrupuloso de los mercados dominan los modos de producción y la distribución de la riqueza. En Argentina, mediante un mayor control estatal de la economía, se logró en nueve años estar cerca de duplicar el PBI, reducir el desempleo a su mínimo en 20 años y bajar la informalidad en un 33 por ciento. La “sintonía fina” debe implicar intervenir en la puja distributiva entre actores económicos para orientar un desarrollo de la estructura productiva que asegure la creación de empleo calificado y con salario creciente.

* Director Ejecutivo de la Fundación Pro Tejer.

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Excluidos

Por María Marta Formichella *

El trabajo es promotor de la inclusión social y del bienestar de las personas, por ello los problemas que ocasiona la informalidad laboral repercuten en las posibilidades de desarrollo de la sociedad. Amartya Sen (Premio Nobel de Economía, 1998) define al desarrollo como el proceso de expansión de las capabilities de que disfrutan los individuos. Estas simbolizan las posibilidades que tienen las personas de alcanzar funcionamientos valiosos, es decir, aquello que pueden hacer o ser al vivir. Sen rescata no sólo cómo viven las personas, sino también qué alternativas tienen las mismas y habla de libertad como “no privación”. En esta línea, la exclusión a la que se enfrenta un trabajador informal es desfavorable para sí mismo y para el desarrollo de la sociedad en la que habita.

Si bien la informalidad existe en todas las categorías ocupacionales, aquí se pone la atención en los asalariados, dado que el 76 por ciento de los argentinos ocupados pertenece a la categoría “trabajador en relación de dependencia”. Este dato, y los que se presentan a continuación, surgen de estimaciones fundadas en la última base de microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) publicada por el Indec, la cual corresponde al segundo trimestre de 2011. Cabe aclarar que la EPH sólo posee cobertura urbana.

En la Argentina urbana, el 34 por ciento de los asalariados no está registrado, es decir, no tiene descuento jubilatorio por su empleo o, como comúnmente se denomina, se encuentra empleado “en negro”. Es menester mencionar que este porcentaje no incluye a aquellos trabajadores que ocupan una zona “gris”, es decir que perciben una parte de su salario de manera formal y el resto del mismo no, viéndose disminuidos los aportes jubilatorios que les corresponden.

El sector privado posee una alta proporción de empleados no registrados (42,18 por ciento) y la misma es mayor que la correspondiente en el sector público, sin embargo, la problemática no es insignificante en este último (11,1 por ciento). Por otra parte, se observa que la tasa de no registro es mayor en el grupo de las mujeres que en el de los hombres (37,3 por ciento vs. 31 por ciento); es decreciente en relación con el nivel educativo de las personas (va desde un 63,5 por ciento para los individuos con nivel educativo primario incompleto hasta un 11,9 por ciento para el caso de los individuos con educación superior completa); y afecta en mayor medida a los jóvenes que tienen entre 14 y 24 años (en este grupo la tasa de no registro es igual a 59 por ciento).

Existen diferentes vías por medio de las cuales los asalariados no registrados se encuentran excluidos. Su problema no termina con la privación de un ingreso jubilatorio en el futuro, sino que gran parte de ellos tampoco goza de otros de los beneficios laborales del sector formal, tales como: a) obra social (95,5 por ciento), b) vacaciones pagas (91 por ciento), c) días por enfermedad pagos (93,1 por ciento) y d) aguinaldo (92,7 por ciento).

En el caso de la falta de obra social, la desprotección no sólo trae aparejado el inconveniente de que los individuos no gozan de los beneficios pertinentes, sino que produce problemas en el financiamiento del sistema de salud. El hecho de que se reduzcan los ingresos ocasiona una disminución en la calidad de las prestaciones. Asimismo, dado que un amplio conjunto de la población queda al margen de los servicios básicos, se provoca una mayor demanda en los centros asistenciales públicos, contribuyéndose así a la congestión que existe en los mismos.

Otro mecanismo de exclusión que afecta a los trabajadores informales, tiene que ver con que se encuentran fuera del acceso al crédito (especialmente del crédito hipotecario). Esto ocurre porque participan de la producción de manera irregular y, por ende, no tienen forma de acreditar sus ingresos, condición que los bancos consideran imprescindible a la hora de otorgar un préstamo.

Por último, cabe señalar que el nivel de ingresos de los empleados “en negro” es menor que el de los empleados “en blanco”. Mientras que el 81,3 por ciento de los trabajadores no registrados se encuentra en los cinco deciles de ingreso más bajo de la muestra, dicho porcentaje desciende considerablemente en el caso de los asalariados registrados (31,7 por ciento). Este escenario se ve acentuado por el hecho de que las mejoras salariales que se van sucediendo como fruto de las negociaciones colectivas, sólo llegan a los trabajadores registrados.

En suma, los asalariados no registrados se ven perjudicados por diferentes mecanismos de exclusión y la tasa de no registro aún es elevada en nuestro país. Esto hace pensar en la necesidad de debatir propuestas tendientes a acabar con el empleo informal en la Argentina.

* Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales del Sur (Conicet-UNS).