Gerónimo “Momo” Venegas utilizó más de un millón de pesos del ex Registro de los Trabajadores Rurales (Renatre) para llevar adelante medidas judiciales contra del Estado nacional y el nuevo Estatuto del Peón Rural. También derivó cuatro millones de pesos en capacitaciones, que terminaron por beneficiar a los mismos dirigentes de Uatre, el gremio que todavía preside. Estas son algunas de las conclusiones del informe final sobre el estado contable y financiero del ex Renatre, elaborado por la Sindicatura General de la Nación y el Ministerio de Trabajo. Tanto el ministro del área, Carlos Tomada, como el titular de la Sigen, Daniel Reposo, destacaron en una conferencia de prensa que el organismo “carecía de controles internos”, y que no existían registros sobre las supuestas contraprestaciones recibidas por los contratos tercerizados. Un caso emblemático es el tema de las fiscalizaciones en los campos. El informe detalla que, del total de trabajadores registrados, los empresarios del campo adeudan del año pasado 33 millones de pesos en concepto de contribuciones patronales no reclamadas por el ex Renatre.

Además, el Estado está investigando la compra de un edificio por seis millones de dólares y la erogación de otros seis millones de pesos para realizar “reparaciones” y “remodelaciones”, que en la práctica no se realizaron, según la investigación de la Sigen. Un dato curioso. Ese edificio, ubicado en la calle Belgrano, fue ocupado en enero de este año. El paso siguiente será determinar si cada una de estas irregularidades amerita una denuncia penal.

Venegas utilizó al Renatre como instrumento político. El año pasado, le pagó al estudio jurídico del abogado Angel Carlos Cattaneo 859.100 pesos para presentar un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia por una serie de resoluciones del Ministerio de Trabajo. Esto fue entre junio y septiembre del año pasado. Para iniciar acciones contra el nuevo Estatuto del Peón Rural, Venegas firmó un contrato con el estudio del abogado Ramón Pablo Massot por 1.028.500 pesos, de los cuales llegó a pagar 423.000 pesos, con la cláusula explícita de pagar el resto si las medidas tenían “éxito”. Esa plata la desembolsó el 22 de diciembre de 2011, es decir un día después de que el Senado convirtiera en ley el nuevo estatuto. Las demandas fueron iniciadas a nombre del Renatre, entidad también manejada por Federación Agraria, Sociedad Rural, CRA y Coninagro.

La sanción de la nueva ley del Estatuto del Peón Rural les otorgó a los trabajadores del sector varios derechos laborales eliminados durante la última dictadura militar. Parte de esa quita tiene que ver con el actual nivel de precarización del sector. Según constaba en las actas del ex Renatre, había 841.000 trabajadores inscriptos desde 2002 a la fecha, de los cuales sólo están activos el 40 por ciento. “La informalidad en el sector llega al 80 por ciento, según la rama de actividad”, enfatizó ayer Tomada.

Para realizar las fiscalizaciones y controlar si había trabajadores en negro, Venegas contrató a la empresa Gregard S.A. El año pasado le pagó ocho millones de pesos, según indicó a Página/12 Marcelo Maffe, el delegado normalizador del Renatea (ex Renatre). Según el informe de la Sigen y la cartera laboral, en el ex Renatre no había ninguna información sobre los campos inspeccionados ni los resultados de dichas tareas. A pesar de erogar este monto millonario, el ex Renatre registraba al 31 de diciembre de 2011 una deuda por 38,7 millones de pesos en concepto de contribuciones patronales no abonadas. “La falta de controles hizo que la entidad no intimase ni ejecutase la deuda de los empleadores”, indicó a este diario Reposo.

Otro capítulo del informe tiene que ver con la tercerización en las capacitaciones. El año pasado hubo erogaciones por cuatro millones de pesos, pero sin ningún registro de contraprestación. Uno de los contratos fue con la propia Uatre, que recibió 3,3 millones de pesos. El que manejaba las capacitaciones era Oscar Ceriotti, coordinador de Uatre y mano derecha del Momo. Según denunció ante este diario Carlos Isequilla, ex delegado del Renatre en La Pampa, “Ceriotti abultaba la cantidad de cursos que realmente daba”.

El otro contrato era para María Julia Arranz, encargada de coordinar las capacitaciones para los empleadores, que en muchos casos se realizaban en las sociedades rurales de las distintas localidades del país. El Renatre le pagó más de 1,2 millón de pesos. El 21 de diciembre del año pasado, el mismo día en que el Senado estaba tratando la ley del peón rural, el directorio del Renatre resolvió aumentarles a los “capacitadores” sus honorarios, en un 20 por ciento, para las últimas dos cuotas de sus contratos.

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