ECONOMIA › GIROS EN LITIGIOS PREVISIONALES POR 3250 MILLONES DE PESOS

La Anses paga más juicios a jubilados

El año pasado, la Anses liquidó 25.382 sentencias judiciales, 30 por ciento más que las realizadas en 2011. La cantidad de presentaciones está descendiendo a partir de la ley de movilidad. Todavía hay en trámite 296 causas.

Durante 2012 la Anses realizó un desembolso de 3250 millones de pesos correspondientes al pago de retroactivos por sentencias judiciales. El organismo previsional liquidó así 25.381 casos correspondientes a reajustes de haberes. Se trata de 7389 sentencias más que en 2011. En total, existen cerca de 296 mil causas en trámite de naturaleza previsional. Fuentes oficiales indicaron que este año hay asignados 4500 millones de pesos para el pago de retroactivos, con lo que se llegaría a liquidar unas 35 mil sentencias.

Entre 2010 y 2012, comparando los tres primeros trimestres de cada año, la cantidad de nuevas demandas notificadas al organismo se redujo un 35 por ciento. El año pasado, la entidad que encabeza Diego Bossio detectó que el porcentaje de liquidaciones de sentencias judiciales que no benefician en el reajuste del haber registra una tendencia creciente que promedia el 24 por ciento. En la Anses consideran que esa situación refleja que el organismo abona prestaciones previsionales más altas que las que resultan de aplicar las pautas de reajuste o liquidación establecidas en las sentencias judiciales.

Según los registros de la Anses, existen 295.917 causas en trámite de naturaleza previsional. De éstas, 257.415 son por reajuste de haberes y las restantes son juicios en los que está en litigio el derecho al beneficio, se cuestiona el grado de invalidez del titular, los servicios prestados o el vínculo entre derechohabientes, entre otras causas.

“El organismo realiza un gran esfuerzo año a año para cumplir con sus obligaciones y pagar las sentencias que corresponden lo antes posible. De esta manera, disminuimos el stock de sentencias previsionales, porque si bien aún existen causas en trámite, los juicios están disminuyendo notablemente”, afirmó Bossio.

En los últimos años la Corte Suprema y Anses comenzaron a negociar una salida consensuada para acelerar la tramitación y el pago de sentencias previsionales. En 2011, la Anses informatizó los pagos de sentencias para agilizar los tiempos de liquidación, contar con un mejor control en las operaciones de cálculo que antes se hacían manualmente y quitar discrecionalidad a la decisión de qué jubilados cobran primero.

Para eso, el organismo fijó un sistema de prelación que toma en cuenta primero la edad del jubilado, después el rango de haberes y por último la antigüedad de la sentencia para determinar el orden de prioridad en las liquidaciones. Desde el organismo aclaran que frente a casos especiales se admiten excepciones, como por ejemplo sentencias favorables a jubilados con enfermedades terminales.

La Anses cuenta con un plazo legal de 120 días hábiles para resolver sentencias, pero hoy esos tiempos se ubican levemente por encima. En ese sentido, en el organismo apuntan que un factor que demora la resolución de sentencias es que sólo el 4 por ciento de las empresas brindan información sobre el salario a considerar en el período establecido de 15 días hábiles y además remarcan que en el 12 por ciento de las consultas las firmas no contestan los requerimientos del organismo dificultando el cálculo de los pagos.

Por su parte, la Corte Suprema todavía debe resolver una causa que promovió hace tres años el defensor del Pueblo de la Nación. Esa demanda busca generalizar los alcances de los fallos Badaro y Eliff de la propia Corte a todos los jubilados en su misma condición. Para la Anses, extender ambos fallos implica un gasto que pondría al organismo en “riesgo institucional”, ya que la haría incurrir en un déficit estructural. En medio de esa puja donde el máximo tribunal solicitó a Anses distintos informes técnicos, el Gobierno anunció que pretendía impulsar cambios por ley en el régimen de jubilaciones de “privilegio” de jueces y diplomáticos, así como terminar con la exención del pago del Impuesto a las Ganancias de que gozan los magistrados. El Gobierno no avanzó con esas medidas y, por ahora, ambos poderes no han podido hallar una salida consensuada.

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