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Un informe elevado el viernes último por la Sigen al Poder Ejecutivo compromete seriamente la posibilidad de Aeropuertos Argentina 2000 de seguir al frente de la concesión del Sistema Nacional de Aeropuertos. El informe resume los principales incumplimientos del contrato y las irregularidades observadas en el desempeño de la administración del servicio, con una contundencia y gravedad que la Unidad Renegociadora de Contratos, encabezada por Roberto Lavagna y Julio De Vido, no podrá menos que tener en cuenta a la hora de resolver sobre la continuidad o cese de la concesión. El informe también deja mal parado al órgano regulador, el Orsna, al que la Sigen le imputa diversas irregularidades que habrían beneficiado a la empresa concesionaria.
El extenso documento que el viernes recibieron los ministros de Economía y de Planificación abarca también otras concesiones, como las de Correo Argentino, Aguas Argentinas y las ocho distribuidoras de gas (Metrogas, Gas Natural, etc). Dicho informe había sido requerido al organismo de contralor por el decreto que dispuso la creación de la Unidad Renegociadora de los Contratos de los Servicios Públicos y servirá de base para las resoluciones que en ese ámbito se adopten en cuanto al futuro de las concesiones. Es la primera tanda de una serie que abarcará a todos los servicios concesionados sobre los que la Sigen hizo alguna forma de seguimiento en los últimos diez años, y el próximo –al menos, el que está más avanzado después de los ya enviados– sería el de los corredores viales.
La Sigen envió a los ministros responsables de la renegociación –y una copia a Alberto Fernández, jefe de Gabinete– un “dossier” por cada servicio concesionado en el que se resumen las características del servicio, de la concesión, del concesionario, el grado de cumplimiento de las obligaciones, las sanciones recibidas por el concesionario, los informes de auditoría realizados y el estado actual de la renegociación contractual, si la hubiera. Además, acompaña en cada caso un anexo con la evolución económico-financiera del concesionario al menos en los últimos años, hasta 2002. Acompañando esos informes, los ministros recibieron también copia de cada auditoría realizada por la Sigen en cada una de las concesionarias, material que comprende voluminosos paquetes de carpetas.
Si bien los informes no emiten opinión ni recomendaciones, la sola descripción de los puntos anteriores sirven como referencia para comprometer seriamente la opinión de los responsables de la unidad renegociadora. El informe referido a Aeropuertos es, por lejos, el más contundente de los hasta ahora presentados por la Sigen. En el capítulo de “Cumplimiento de obligaciones / Sanciones”, el informe señala: “El Orsna aplicó, hasta junio de 2003, 7 sanciones por infracciones al régimen de la concesión, por un monto total de 584.500 pesos. Al 30 de junio, permanecen pendientes de pago multas por 54.500 pesos. Entre los incumplimientos de obligaciones a cargo del concesionario, pueden citarse: a) Incumplimiento al deber de informar; b) Incumplimiento de los servicios prestados (aeropuertos de Córdoba, Mendoza, Ezeiza y Aeroparque); c) Incumplimiento al deber de ampliar la Garantía de Cumplimiento del Contrato; d) Plan de Inversión asumido contractualmente, y e) Incumplimiento de la intimación para la reinstalación de balizamiento en el Aeropuerto de Río Cuarto”.
En lo referente a las obligaciones comprometidas en el Plan de Inversión, la Sigen señala: “De acuerdo con el contrato de concesión, el monto comprometido por el concesionario al 31 de diciembre de 2002 es de 746 millones de pesos. El monto total correspondiente a la inversión informada por el concesionario desde el inicio de la concesión asciende a 300 millones, de cuales 44 millones no fueron considerados como inversión por el Orsna (por responder a necesidades de mantenimiento rutinario, gastos operativos y/o serconsecuencia de la explotación comercial de las instalaciones), y sobre un monto de 111 millones el organismo carece de la información necesaria para evaluar si se trata de inversiones”. En los 44 millones cuestionados estaría involucrada gran parte de las tareas de remodelación y modernización del Aeropuerto de Ezeiza.
“Las inversiones informadas por AA 2000 –continúa el dossier de la Sigen– que a juicio del Orsna resultan imputables como tales ascienden a 129 millones de pesos, dentro de los cuales corresponde diferenciar: 51 millones que responden al Plan de Inversión Contractual y 78 millones de pesos que no resultan imputables al mismo”.
Resumiendo: contra 746 millones de pesos de inversiones comprometidas, sólo se cumplió con 51 millones imputables al Plan. Apenas el siete por ciento (ver cuadro adjunto, “Las inversiones ausentes”).
Además, la Sigen señala que “se observan significativos atrasos en el cumplimiento del Plan de inversiones Comprometido especialmente en los aeropuertos de menor envergadura, mientras que en Aeropuerto Jorge Newbery las erogaciones denunciadas superan el comprometido, pese a que aún no se han resuelto el destino de este aeropuerto”.
Con respecto al canon –obligación de pago al Estado de 171.121.000 dólares anuales–, el Orsna promovió en marzo de 2002 una demanda de ejecución de la suma adeudada en tal concepto, más actualizaciones e intereses, por 350 millones de dólares. “Posteriormente el concesionario incumplió con los pagos correspondientes al canon del año 2002 y primer semestre de 2003, registrando solamente pagos parciales”. La propia empresa reconoce, en su balance al 31/12/2002, una deuda por canon de 409 millones de pesos.
La Sigen también advierte, como una de las “principales cuestiones en la agenda de la renegociación”, sobre el reclamo presentado por AA 2000 en diciembre de 1998 por “perjuicios económicos ocasionados por incumplimientos del concedente (el Estado). (...) El reclamo total asciende a una suma estimada de 225 millones de dólares, respecto del cual el Orsna reconoció mediante Resolución 2/99 la suma de 24 millones de dólares”. “Mediante Resolución 307/99, el Orsna denegó los demás ítem del reclamo”, completa el informe.
Mientras el Ejecutivo espera que esta semana el Congreso apruebe la ley que habilita la renegociación de los contratos, ya contará con elementos para poder empezar a evaluarlos. La Sigen ya arrimó su aporte.