ECONOMíA › ESTADOS UNIDOS JUEGA SUS CARTAS

Perú, bajo presión

 Por Carlos Noriega

Luego del fracaso de la reunión de la OMC en Cancún, Washington empezó a presionar con fuerza para buscar dividir al G-21, de protagónico rol en ese evento al oponerse a los subsidios agrícolas que otorgan los países desarrollados a sus productores. Luis Lauredo, ex embajador norteamericano ante la OEA y actual director ejecutivo del ALCA, viajó a Lima con el mensaje de que Washington vería con muy buenos ojos que el Perú se retirara del G-21 de cara a un posible acuerdo bilateral de libre comercio entre el Perú y Estados Unidos, algo que el gobierno de Toledo está empeñado en lograr lo antes posible.
No bien Lauredo había dejado suelo peruano, el vicepresidente y ministro de comercio exterior, Raúl Diez Canseco, el más entusiasta propulsor de un acuerdo comercial con los norteamericanos, anunció que Perú se retiraba del G-21. “El Perú tiene como prioridad llegar a un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos”, señaló Diez Canseco, un empresario que explota franquicias norteamericanas como Kentucky Fried Chicken y Pizza Hut, para justificar la sorpresiva decisión. Una declaración que no deja dudas de las presiones y motivaciones que estuvieron detrás de una medida que desató las críticas de la oposición, que acusó al gobierno de “traicionar” a Brasil y a sus aliados de la región.
El malestar en Brasilia llegó a tal punto que Lula llamó telefónicamente a Toledo para expresar su desacuerdo y pedir explicaciones. Las iras de Lula surtieron efecto, aunque sólo a medias, y Toledo anunció que enviaría a Buenos Aires a dos funcionarios para que participaran en la reunión. Pero se trata de funcionarios de segundo nivel y su viaje no significa que el Perú vaya a retornar al G-21. “Irán solamente como observadores para hacer acto de presencia y tratar de poner paños fríos al malestar que hay en Brasil y el Mercosur”, señaló a Página/12 el economista Alan Fairlie.
El retiro del G-21 también abrió grietas al interior del gobierno peruano. Fairlie señaló que “el problema es que no hay una política de Estado y todo depende de lo que decida cada ministro y de las confusiones del presidente”.

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