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Producción: Tomás Lukin

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La bandera del ajuste

Por Noemí Brenta *

No falta mucho para que visite Buenos Aires un equipo del Fondo Monetario Internacional para realizar la auditoría contemplada en el artículo IV que Argentina no autoriza desde 2006, por su visión sesgada y sus recomendaciones de políticas pro mercado. Con ese viaje reaparecerán los cuarenta años de historia argentina marcados por acuerdos con el FMI, desde 1956 cuando el país ingresó al organismo por un decreto del gobierno de Aramburu hasta 2006 cuando Kirchner canceló lo adeudado y se deshizo de su tutela.

Excepto Perón y los Kirchner, todos los demás gobiernos recurrieron al FMI y, de buena o mala gana, adoptaron sus recomendaciones y exigencias que siempre dejaron al país más endeudado y en crisis. El acuerdo para el primer crédito de 1957 firmado por la “Libertadora” estuvo acompañado con devaluación, ajuste, reforma financiera y eliminación del IAPI, la agencia del comercio exterior. Frondizi firmó cuatro stand by, entre 1958 y 1961, y el gobierno que lo depuso, otros dos. A mediados de 1958 lanzó las medidas previas que exige el FMI –alza de tarifas públicas, devaluación, ajuste fiscal– y el 29 de diciembre anunció un plan de estabilización y una gran apertura al capital externo. Aumentó la nafta 200 por ciento, la electricidad 150 por ciento, el colectivo 71 por ciento, redujo el gasto en personal e inversiones, frenó la emisión monetaria, restringió los salarios y aumentó los impuestos internos. Así la inflación trepó a 113 por ciento en 1959 y la recesión arreció. Las protestas se reprimieron con el Plan Conintes, miles de huelguistas fueron encarcelados. Luego de dos años buenos, en 1962 la crisis estalló. La deuda externa se había duplicado, y también los pagos de intereses, pero no existían estadísticas. Las reservas caían, los capitales huyeron, el peso se devaluó, las quiebras y el desempleo aumentaron, y el nuevo acuerdo con el FMI, que durante todos esos años vigiló la economía, recetó más devaluación y ajuste, agravando la depresión.

Tras esta pesadilla, la campaña electoral de Illia prometió cancelar “los acuerdos que sujetan el manejo de la economía nacional a las decisiones del FMI”, y cumplió; logró crecer dos años al 9 por ciento anual. Pero a fin de 1965 lanzó las medidas previas a un acuerdo de giro con el FMI –devaluación y aumentos de tarifas– que causaron malestar y ayudaron al golpe de 1966.

El gobierno militar firmó dos stand by, en 1967 y 1968. El plan arrancó con una gran devaluación, parcialmente compensada; el habitual ajuste fiscal y monetario, restricción salarial, apertura importadora y financiera. Entraron capitales, que subieron la deuda externa y extranjerizaron el aparato productivo. A pesar de la represión, el Cordobazo y otros estallidos expresaron el malestar social. En 1970 una nueva devaluación marcó el agotamiento del plan, y a fin de 1971 Lanusse lanzó un nuevo ajuste con financiamiento del FMI y la recesión consiguiente.

En cambio, en 1974 Perón reembolsó anticipadamente la deuda con el FMI (110 millones de dólares), y el peso fue incluido entre las monedas prestables a otros países.

En 1975 el Rodrigazo fue simultáneo al uso del tramo oro en el FMI, y al pedido de un préstamo por el alza de la factura petrolera, y otro por caída de las exportaciones. Pero el FMI rechazó la política salarial y fiscal, y retaceó fondos a la espera del golpe militar, a quien entregó un desembolso el 26 de marzo de 1976.

La dictadura recibió pronto al FMI para el informe del art. VIII, firmó un acuerdo por caída de las exportaciones y dos stand by, en 1976 y 1977, mientras devaluaba, liberaba precios, aumentaba tarifas, congelaba salarios, e insertaba a la Argentina en el mundo de la especulación financiera. El terrorismo de estado silenció las protestas. El gobierno contrató a un experto del FMI para determinar cuánta deuda podían tomar el Estado y sus empresas, mientras la industria quebraba y la inflación seguía en tres dígitos. Luego llegaron los cierres de bancos y la devaluación, el modelo se hundió y, tras la Guerra de Malvinas, volvieron las negociaciones con el FMI, devenido gestor entre el país y los bancos acreedores por la enorme deuda externa, de la que nuevamente no existían estadísticas.

Desde 1982 el país estuvo bajo acuerdos con el FMI o procurando su aprobación. La historia reciente es conocida y trágica. La década perdida de 1980, las hiperinflaciones, el desempleo y sobreendeudamiento de los 90, bajo la supervisión reforzada del FMI, hasta que la crisis de 2001-2002 demostró la inviabilidad de esas políticas.

Ya aprendimos que el FMI no es el camino para “estar mejor” ni evita las crisis. Tampoco el organismo cambió realmente, basta ver los acuerdos actuales con México o Grecia. El FMI sesga las políticas económicas a sus modelos e intereses, que responden sobre todo a Estados Unidos y al capital transnacional. Y limita la capacidad de las instituciones económicas del país a la mera administración de programas de ajuste, inhibiendo respuestas creativas en pro del bienestar común.

* Economista y autora del libro Historia de las relaciones entre Argentina y el FMI.

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La canción es la misma

Por Roberto Lampa *

Con el estallido de la crisis económica global hemos asistido a una revitalización del FMI. Si la primera mitad de la década del 2000 se había caracterizado por los fuertes cuestionamientos al organismo, los dramáticos hechos desde 2007 llevaron el Fondo a jugar un papel fundamental en la crisis europea. En particular, el documento final del G-20 de Londres en 2009, ha considerado el Artículo IV del Convenio Constitutivo FMI como el pilar fundamental para reforzar el sistema monetario internacional.

A lo largo de los años el Artículo IV ha mantenido su papel que podemos definir de restricción externa sobre la política económica de los países miembros del FMI. Originariamente, el objetivo de las inspecciones anuales era asegurar que cada país miembro respetara el régimen de cambios fijos establecido en Bretton Woods. Dado el sistema monetario de patrón oro esto era equivalente a limitar fuertemente los déficit fiscales y la expansión monetaria.

Las llamadas “Article IV consultations” ya no están limitadas a la política cambiaria, sino que se extienden a la política fiscal, monetaria, comercial y a las denominadas reformas estructurales. De esa forma, la actividad de supervisión se ha convertido en la tarea principal del FMI, ocupando aproximadamente el 42 por ciento del tiempo de trabajo de sus empleados y el 60 por ciento del Board Ejecutivo (FMI, 2009). Además, los resúmenes de los inspectores se han vuelto públicos y accesibles para todos, convirtiéndose en una poderosa herramienta para disciplinar los gobiernos, dado que reprobar implica inmediatamente un fuerte aumento del riesgo país en los mercados financieros.

Sin embargo, la realidad parece discrepar bastante con los objetivos declarados en Londres. El caso más embarazoso es el de Grecia: en el reporte de diciembre de 2007 se puede leer textualmente: “Es verosímil que el fuerte desempeño de la economía griega continúe en el futuro próximo”. A propósito del sistema bancario se afirma: “El sistema bancario griego sigue saludable, adecuadamente capitalizado y altamente rentable”. ¿Que pudo haber justificado semejantes elogios a la vigilia de un crack abismal? Leyendo el documento no cabe la menor duda: el compromiso del entonces gobierno griego de ajustar el gasto fiscal y reformar las pensiones y el mercado de trabajo.

Asimismo, en 2011 la misión a Chipre se mostraba optimista sobre los escenarios futuros de la isla por que las políticas decididas por el gobierno (ajuste fiscal, recortes a salarios públicos y transferencias) habrían devuelto la necesaria confianza en los mercados para volver a financiarse. En cambio, ambos países han terminado literalmente quebrados, entrando en default respetivamente en 2015 y 2013.

También Eslovenia –miembro del euro que declaró la bancarrota en 2013– evidencia la completa inutilidad de las “Misiones Artículo IV” para prevenir las crisis: en 2011, los directores del FMI aplaudían a las medidas de austeridad implementadas y a la reforma de las pensiones, recomendando profundizar esta estrategia para salir pronto de la recesión. Finalmente, también el caso de Lituania aparece emblemático. En 2009, a pesar de una caída espantosa de su PIB (15 por ciento) los directores del Fondo destacaban como los riesgos para el país estuviesen disminuyendo, elogiando las políticas de austeridad implementadas a partir del fin de 2008 y recomendando seguir con semejantes reformas.

La misma filosofía ha inspirado los informes de 2009 sobre Letonia (-18 por ciento PIB) y Estonia (-14,5 por ciento) y también sobre Croacia en 2010, a pesar de que el PIB de este país siguió cayendo hasta 2013.

Si entonces es acertado que las “Misiones Artículo IV” del FMI no sirvieron para prevenir (ni tampoco salir de) la crisis en los países periféricos de Europa, la pregunta de rigor es: ¿para qué se implementaron?

Observando sus fuertes niveles de endeudamiento, no cabe la menor duda que las inspecciones del Artículo IV apuntaban a garantizar la solvencia de estos países. En este sentido, apuntaban en primer lugar a salvar los bancos (acreedores) de los países centrales de la Unión Europea y luego a garantizar las condiciones que permitieran a los países periféricos de pagar sus deudas con el FMI. En su insoslayable Ayuda e Imperialismo, Teresa Hayter cuestionaba duramente el accionar del FMI en la región latinoamericana, destacando como los artículos IV y V representaran una de las más claras evidencias de la naturaleza intrínsecamente imperialista de dicha institución.

Un elemento que Argentina tendría que tener a mente antes de definir si habilita nuevamente las misiones del Fondo y inicia un ciclo de endeudamiento con los organismos multilaterales son sus características de economía periférica, la coyuntura internacional muy complicada, la crisis de los Brics prevista para 2016 y la caída imparable de los precios de las materias primas. Todos esos elementos recomendarían mucha prudencia en el acercamiento al FMI.

* ConicetIdaes Unsam.