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Como los papeles o los envases metálicos, los planes de obra pública y, básicamente, los mecanismos para financiarlos también pueden reciclarse, aunque adaptados a las nuevas circunstancias políticas y económicas. El mismo día que el directorio del Banco Mundial analizaba la aprobación de un paquete crediticio de 2000 millones de dólares para la Argentina, la mitad para infraestructura, Julio De Vido anunció emprendimientos por un monto similar a ejecutar mediante el discutido sistema de iniciativa privada y confesó la intención de promover el uso del dinero de las AFJP para financiar emprendimientos, básicamente en el área energética. Idea similar a la que había acercado al gobierno de la Alianza la Cámara Argentina de la Construcción cuando el actual secretario de Finanzas, Guillermo Nielsen, los asesoraba. En pocos días se promulgará un decreto presidencial precisando estos y otros mecanismos.
Los anuncios del ministro de Planificación fueron formulados durante un seminario sobre infraestructura que organiza el Banco Mundial junto al Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), que está teniendo un rol protagónico en la provisión de financiamiento para obra pública, bien sea con recursos propios o actuando como agente financiero. Ejemplos sobran y van desde los 260 millones de dólares para tender un ferrocarril trasandino hasta los 30 millones que se destinarán a la autopista que unirá Rosario con Córdoba, pasando por los 20 que demanda el puerto de San Pedro.
La planificación integral será competencia exclusiva del Estado que, de paso, proveerá el grueso de los fondos vía asignación presupuestaria o con créditos de organismos multilaterales. Pero el límite para que la gestión de Néstor Kirchner honre su espíritu keynesiano (algo que tiene desbordantes de alegría a los constructores) es el impacto en las cuentas. “Hay que eliminar la costumbre de ajustar a través de la quita en la inversión pública. Pero tampoco hay que generar un déficit fiscal, que es la principal lacra, la principal mochila de piedra que tiene cualquier economía para crecer, ya que quita el crédito y cualquier posibilidad de desarrollo”, sentenció ayer De Vido durante su exposición pública.
Frente a esta restricción y la renuencia que aún tiene la banca privada para prestar, los millonarios recursos del sistema de jubilación privado resultan muy tentadores. Algo que ya había juzgado la CAC en el año 2000, cuando le presentó a la administración aliancista una propuesta para financiar un plan de viviendas con dinero de las AFJP.
El ministro no aclaró de qué modo podría concretarse ese aporte de las administradoras, por ahora poco entusiasmadas en volver a prestarle dinero al Estado cuando tienen gran parte de su cartera en préstamos defaulteados. Pero la realidad es que el Gobierno no descarta alguna vía compulsiva para conseguir ese dinero, argumentando que las administradoras violaron sistemáticamente y de formas variadas el marco regulatorio de la actividad.
Junto a Roberto Lavagna, De Vido también decidió desempolvar el sistema de iniciativa privada, creado en 1988 por Rodolfo Terragno, aunque de escaso uso hasta el momento. Por este régimen, una empresa propone un proyecto incluida una fórmula para costearlo, que si es aceptado por el Gobierno, le confiere a su autor/a el derecho de cobrar una comisión. Sobre esa idea, se convoca a una licitación y, de participar en ella, también dispone de la prerrogativa de igualar la mejor propuesta.
A través de este mecanismo, aunque remozado, el Gobierno tiene previsto licitar obras por 2000 millones de dólares, la mitad de ellos para mejorar la infraestructura de los servicios de gas y electricidad, según detalló el titular de Planificación, aunque sin precisar de qué bolsillo saldrán los recursos para ampliar las redes de transporte de energía.
En la búsqueda de financiamiento para esos y otros tantos emprendimientos que tienen en mente, los funcionarios de Planificación y Economía también analizan cómo instrumentar una fórmula muy similar al denominado “sistema inglés”, que en su momento impulsaba el ex ministro de Infraestructura de Fernando de la Rúa, Nicolás Gallo.
De acuerdo con ese esquema, un empresario privado ejecuta una obra con recursos propios y la opera por un determinado período. En ese lapso, el Estado paga la inversión más un canon por el gerenciamiento, reservándose el derecho a asumir la propiedad al finalizar el contrato. O, bajo ciertas condiciones, ésta queda definitivamente en manos privadas. Todas variantes para conseguir dinero sin comprometer las cuentas públicas, punto crítico de la cuestión.
Los fondos de los organismos multilaterales resultan decisivos, tanto como la flexibilización de los criterios contables que Argentina y Brasil reclaman al Fondo Monetario Internacional. Según declaró ayer en Buenos Aires Damy Leipzieger, encargado del área infraestructura para la región del Banco Mundial, sería razonable excluir de los gastos corrientes a “algunas” inversiones públicas, lo que ampliaría el margen para desarrollar estos emprendimientos sin muchas angustias fiscales. Pero la última palabra sobre el tema, por ahora, la tiene Anne Krueger.
¿El default de gran parte de la deuda pública? “No condiciona”, sentenció el directivo del BM, que junto al BID y el Fondo integra la troupe de acreedores privilegiados, no afectados por la cesación de pagos.