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En una de las tantas pulseadas simultáneas que libra, el Gobierno no logró aún que las petroleras cumplan con la provisión del gasoil para el transporte en la cantidad y precio convenidos. Agitando el fantasma de que esa resistencia puede desencadenar una medida de fuerza generalizada del autotransporte de carga y de pasajeros, y hasta operadores ferroviarios, el Ministerio de la Producción convenció a los diputados para que votaran en la madrugada de ayer un proyecto que exime del Impuesto a la Transferencia de Combustibles la importación de ese carburante. El Estado resignaría más de 100 millones de pesos anuales pero podría eludir un nuevo conflicto, políticamente insostenible para la debilitada administración duhaldista.
A través de un convenio con el Gobierno que rige formalmente desde el 22 de abril, las refinadoras se comprometieron a solucionar problemas de abastecimiento y vender a los transportistas gasoil a 75 centavos. Pero según reclamaron los potenciales beneficiarios a la Secretaría de Transporte, muchos de ellos no sólo no pudieron acceder al combustible barato, sino que tuvieron dificultades para abastecerse.
De acuerdo con ese pacto, las empresas debían garantizar en forma conjunta una venta de gasoil equivalente a la registrada en el 2001 –que según los cálculos oficiales equivale a 370 millones de litros por mes– más un adicional diario. Pero a pocos días de la firma, las empresas aseguraron que no estaban en condiciones de garantizar más de 240 millones de litros y que sería problemático vender a aquel precio diferencial.
La semana pasada Repsol YPF, Petrobrás EG3, Shell y Esso enviaron a Transporte notas detallando cuánto gasoil podría vender cada una en condiciones especiales y en qué estaciones sería expendido. El secretario Guillermo López del Punta les respondió, también por escrito, cuestionándoles a cada uno lo que desde el Gobierno se considera “trampas” para eludir los compromisos asumidos.
Según la interpretación oficial, la red de puntos de ventas seleccionados por las petroleras dejaría sin ninguna cobertura a grandes zonas del país, como Cuyo, parte de la Patagonia, el Nordeste y Noroeste. Algunas firmas reinterpretaron transporte como “transporte automotor”, excluyendo al fluvial y al ferroviario. Pero lo más preocupante es que el volumen detallado por cada una permite inferir que, en conjunto, no venderían más de 200 millones de litros mensuales, bastante por debajo del compromiso original.
El punto de encuentro entre el Gobierno y las refinadoras es que una importación subsidiada, sin los 15 centavos de ITC por litro, ayudaría a solucionar el problema. Shell, Esso y Petrobrás tienen en trámite la importación de gasoil por un volumen total conjunto de 200 millones de litros, presumiblemente para paliar el faltante. A sabiendas de esto, los Diputados plantearon reparos para avalar una ley que desgravaría esas operaciones, llevando agua al molino de aquéllas.
Mientras el jueves por la tarde la Cámara baja se conmovía con el debate de los cambios a la Ley de Quiebras, los diputados oficialistas de la Comisión de Transporte le pidieron a Del Punta (ahora bajo la órbita de Roberto Lavagna) algún papel que justificara su voto a favor de una medida con costo fiscal y con ventajas para aquellas empresas. Convencido de que con ello evitaría que tanto su nombre como el de los legisladores se opaquen por la sospecha de “operar” a favor de las grandes refinadoras, el secretario mandó copia de aquellas cartas que hicieron llegar a su despacho las empresas, a las que Página/12 accedió. Finalmente, el proyecto para eximir de ITC a la importación obtuvo media sanción.
Pero aunque esa norma se convierta en ley, sólo podrán acceder al beneficio los transportistas que puedan pagar al contado (a lo sumo con cheque a quince días) y compren a granel. “El problema son los pobres camioneros que cargan en la ruta”, se afligía ayer una fuente oficial. Los mismos que podrían encender la mecha de un nuevo paro, bloqueo de caminos incluido. Peor aún: el acuerdo con las petroleras sólo se sostiene con un dólar hasta 3,20 pesos, cotización que nada garantiza que no sea desbordada.