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El tribunal independiente de Defensa de la Competencia perderá su condición de tal antes de nacer. Al menos, así lo quiere el Gobierno, que ayer envió al Congreso un proyecto de reforma a la ley vigente. El corazón de la iniciativa es restituirle al Poder Ejecutivo la decisión última sobre la aprobación de fusiones y compras de empresas. Según la norma actual, esa facultad queda reservada a un organismo autónomo, que es el Tribunal Nacional de Defensa de la Competencia (TNDF). El Parlamento lo dispuso en agosto de 1999 y ordenó que el cuerpo estuviera conformado en seis meses. Sin embargo, al día de hoy todavía no se constituyó.
Ninguno de los gobiernos que se sucedieron desde 1999 hasta el presente estuvo de acuerdo con ceder el control de las fusiones y adquisiciones, por más que se hubiera aprobado por ley para liberar esas decisiones de las presiones políticas. El de Fernando de la Rúa recortó bastante la independencia original con la reglamentación de la norma, ya que dejó en manos del Poder Ejecutivo la elección de los miembros del tribunal. El único avance se produjo durante la gestión de Eduardo Duhalde, cuando se convocó a un concurso para designar a los siete integrantes del organismo. Pero el proceso se interrumpió en 2003 y nunca más se supo de él.
Roberto Lavagna se negó a reactivarlo. En lugar de ello, reveló que promovería una reforma a la ley para dotar al Ministerio de Economía del poder de veto a las disposiciones del tribunal. Así lo dijo a mediados del año pasado. Finalmente, el anuncio se concretó. Ayer se reunió con Néstor Kirchner en Casa Rosada y al término del encuentro se presentó en conferencia de prensa. El ministro informó que su cartera pasará a tener la palabra final dentro del ámbito administrativo para los casos ligados a empresas de servicios públicos, defensa, energía y minería. El alcance, en verdad, es prácticamente ilimitado, puesto que también se reserva ese derecho “en las operaciones que tengan algún impacto sobre el empleo o la inversión y cuando existan razones de interés general de la Nación”.
Lavagna argumentó que “al tribunal se le otorgaban derechos por encima de cualquier otra autoridad de la Nación, se lo ponía prácticamente en situación de total autonomía y sus decisiones eran inapelables, salvo por vía judicial”. Finalmente, el ministro sostuvo que “no se les puede sacar a las autoridades políticas la posibilidad de tomar decisiones en algunos temas que son de primera importancia en materia de política económica”.
En la modificación a la ley que se remitió al Congreso también se acortó de 45 a 40 días el plazo para que el tribunal se expidiera. Si no lo hace, la operación será considerada válida. El Ministerio de Economía tiene 5 días a partir de emitido el dictamen del organismo para resolver si lo acepta o lo modifica. Una cuestión clave es si el Gobierno hará pública su eventual oposición o si todo se resolverá a puertas cerradas, con lo cual el tribunal podría ser más permeable a las presiones.
En los últimos años, se aprobaron todas las fusiones y compras de compañías presentadas, que reforzaron la concentración en mercados sensibles. Por ejemplo, se aceptó la unión de Carrefour, Norte y Tía, la de Quilmes y Brahma, la de Bimbo y Fargo y la de Movicom y Unifón. Como el tribunal independiente no había sido creado, el organismo que se encargó de la tarea fue la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que depende directamente del Ministerio de Economía. Su presidente es Ismael Malis, considerado un hombre de Lavagna.
Malis y los otros cuatro integrantes de la comisión son propuestos por el Gobierno para que sean designados como autoridades del nuevo tribunal, junto a otros dos vocales que también nombrará el Ejecutivo. Los concursos se darían recién a los dos años, para reemplazar a dos vocales, aunque los designados podrían presentarse a revalidar cargos. A los cuatro años se renovarán otros dos y a los seis años los tres restantes. Es decir que por un buen tiempo, si el Congreso acepta la sugerencia del Gobierno, el tribunal estará integrado por funcionarios afines a la actual administración.