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La Justicia en lo Civil y Comercial de Chilecito desplazó ayer a la familia Yoma de la conducción de la curtiembre de su propiedad, justo en el momento en que la presidenta del Banco Nación, Felisa Miceli, visitaba la planta de Nonogasta para tratar de encontrar una solución que evitara dejar en la calle a 1500 empleados. Aunque el fallo judicial no tomó por sorpresa a la funcionaria –a quien el presidente Néstor Kirchner le había encargado una gestión para evitar el cierre de la empresa–, aceleró el proceso hacia una probable quiebra. Lo que se busca es garantizar la continuidad de la actividad, por ahora en manos de síndicos nombrados por la Justicia y en un futuro, no demasiado lejano de ser posible, en las de un nuevo grupo inversor.
Miceli decidió viajar a La Rioja después de que la situación de la curtiembre de los Yoma se tensó en los últimos días y amenazaba con explotar provocando esquirlas para el Gobierno. Primero fue la amenaza de los ex parientes políticos de Carlos Menem de dejar el manejo de la planta en manos de la Justicia si no se aceptaba su propuesta de reestructuración de la deuda con la banca oficial –Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad–. Después, el propio gobernador riojano, Angel Maza, le pidió “ayuda” al gobierno nacional para evitar que se desplomara la empresa con sus empleados adentro, ante la evidente inercia hacia la paralización provocada por la cesación de pagos y la interrupción de la compra de materia prima (cueros crudos) para la producción. Finalmente, el presidente de la Nación le solicitó a la titular del banco que buscara una salida no traumática al problema.
Desoyendo el consejo de algunos de sus asistentes, Miceli decidió hacer personalmente la gestión en Nonogasta. Al arribar a La Rioja, trazó un cuadro de situación sobre la situación de la curtiembre. “Tiene que haber una actitud empresaria: o se quedan y hacen funcionar su planta productiva, o se van y lo presentan por escrito en el juzgado, pero no esta cosa de amagar ante la prensa y la población diciendo mentiras, teniendo doble discurso”. No hizo falta presentación alguna por escrito: minutos después, se conocía la decisión de la Justicia de reemplazar a la dirección de Curtiembres Yoma por un equipo de cuatro síndicos.
Al llegar a Nonogasta, Felisa Miceli ya estaba enterada de la resolución judicial. Reunió a los trabajadores de la curtiembre, incluso muchos que se habían acercado fuera de su horario de trabajo, y asumió el mayor desafío: explicar la actitud del Banco Nación ante el conflicto días después de que el propio gremio que agrupa a los empleados, Fatica, hubiera acusado al gobierno nacional de mantener “un cerco financiero y fiscal contra la curtiembre”, en una postura muy cercana a la sostenida por los responsables de la empresa.
Miceli reclamó, frente a los trabajadores reunidos a las puertas de la planta, que “una curtiembre que exportaba 90 millones de dólares en 2003, 100 millones en 2004, que no ha pagado a ningún acreedor, ni al Banco Nación, ni al Provincia ni al Ciudad, ni un solo peso en siete años, sería bueno que explicase a la sociedad adónde están los recursos de las ganancias obtenidas” para saber “por qué se llegó a esta situación”.
Rechazó que la empresa enfrente algún tipo de ahogo financiero por responsabilidad de los acreedores, “porque desde agosto de 1998 no han pagado ni un peso”, y explicó que si no se le aceptó la propuesta de refinanciación es porque “si a un pequeño productor agropecuario de La Rioja le estamos pidiendo que pague el 10 por ciento de contado para refinanciar su deuda a ocho años, qué justicia habría si a un gran empresario le damos 15 años de plazo con una quita del 50 por ciento”.
Finalmente, la titular del Banco Nación aseguró que “la prioridad del gobierno nacional es abrir y apuntalar todas las fuentes de trabajo que existen en el país” y, en ese sentido, “tenemos predisposición absoluta de colaborar en todo lo que sea la protección de la fuente de trabajo”, y recibió la primera expresión de apoyo del personal. En tanto, el titular de la Cámara Civil y Comercial de Chilecito, Daniel Flores, precisó que “la familia Yoma sigue siendo dueña de las acciones de la empresa” pero “las decisiones las tomará el nuevo Directorio”, que quedará conformado por los cuatro síndicos nombrados por dicho tribunal. “Ellos designarán a un administrador para que se haga cargo del directorio de la empresa” y tomarán a su cargo “las conversaciones con los bancos acreedores para renegociar la deuda y evitar la quiebra”, agregó el juez Flores.
El Banco Nación le reclama unos 180 millones de pesos a Yoma SA. Entre el Banco Provincia y el Ciudad, otros 100 millones. Son los principales, pero no los únicos acreedores. No está claro cómo podrían hacer los administradores judiciales, sin el apoyo de los accionistas, para renegociar la deuda. La jugada entablada ayer se parece más a un intento de tender un puente hasta la aparición de un nuevo inversor dispuesto a quedarse con la empresa, con o sin quiebra, pero manteniendo la continuidad de la fuente de trabajo. ¿Se podrá? “Es un proceso lento, nadie piensa que antes de sesenta días haya, siquiera, un cuadro de situación más o menos claro”, respondió una fuente cercana a Felisa Miceli, mientras salía de Casa de Gobierno, donde concurrió, recién vuelta de La Rioja, a informarle a Kirchner sobre los resultados de su misión.