A través de su vocero local, Marsans insistió ayer con la necesidad de encontrar una solución negociada que involucre a las máximas instancias de los gobiernos argentino y español, Cristina Fernández y José Luis Rodríguez Zapatero, presunto atajo para evitar la expropiación. “Se enciende una luz roja para las inversiones españolas en la Argentina. Estamos rozando la inseguridad jurídica en el país”, sostuvo ayer el subgerente general de Aerolíneas, Jorge Molina. También advirtió que si el gobierno avanza con la expropiación, Marsans podría iniciar una demanda contra el país ante el Ciadi, el tribunal internacional del Banco Mundial.

Una de las líneas argumentales con las que más insiste Molina, director de parte de los españoles, es justamente ésa: que la expropiación podría ocasionar un conflicto diplomático y ahuyentar los capitales ibéricos en el país. Otra, ligada a ésa, es la de sugerir que Presidencia tiene una estrategia diferente al Ministerio de Planificación y que Kirchner se habría comprometido ante Zapatero a no apelar a ninguna vía compulsiva para rescatar las líneas aéreas. “Es necesario buscar una salida amistosa y cómoda para ambas partes”, insistía ayer aquel directivo, un ejecutivo contratado por los españoles hace poco más de dos años y que ha sabido ganarse la inquina de Planificación, empezando por su titular, Julio De Vido.

“Quieren vestir de legalidad una expropiación, que planean tras aplicar una valoración partidista y parcial de la compañía”, manifestó Marsans en un comunicado, que se difundió casi al unísono con la conferencia de prensa ante los periodistas extranjeros que ofreció Molina. A través de un escrito, el grupo español declaró su “total disconformidad” con el dictamen emitido el martes por la Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones, que sugirió al Parlamento trabajar en una ley expropiatoria.

En la misma convocatoria a la prensa, el directivo y virtual vocero de Marsans en Buenos Aires aclaró que los ibéricos no van a dar por caída el acta acuerdo firmada en julio pasado con el Gobierno, que contempla la figura de un tercer tasador que arbitre. Sin embargo, ayer mismo los directores que representan al accionista privado intentaron en asamblea desplazar a la gestión estatal que creó ese mismo documento argumentando que ya perdió vigencia (ver página 6).

El accionista privado volvió a amenazar con acudir al Ciadi para reclamar una eventual indemnización al Estado argentino si la expropiación se concreta en los términos previstos. Por ahora, fuegos de artificios en el medio de una puja formalmente aún no resuelta.