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En el Ministerio de Economía están preparando una estrategia legal para enfrentarse a la Corte. La primera medida sería presentar ante el máximo tribunal una protesta porque los ministros de la Corte no dieron intervención al Estado antes de dictaminar en contra del corralito, teniendo en cuenta que la Corte se expidió en una causa que era en contra del Estado nacional. Por otra parte, el escrito mencionará que, según dicta la propia doctrina de la Corte, “no existen derechos absolutos cuando corre peligro el interés general”, citó una alta fuente del Palacio de Hacienda consultada por Página/12. En el Gobierno sostienen que si se levantaran las restricciones, los bancos sólo podrían devolver los depósitos a unos pocos clientes y después quebraría el sistema financiero perjudicando al resto de la gente.
Según creen en el Palacio de Hacienda, el nuevo plan económico “transita un camino prudencial” para no chocarse con el fallo de la Corte y, al mismo tiempo, dejar las condiciones para que se dé un efecto “Puerta 12” en el sistema bancario. “Al permitir que las cuentas sueldo puedan convertirse en efectivo quedó abstracto el ‘Caso Smith’”, por el cual la Corte falló en contra del corralito.
Esta tarde, funcionarios de Economía junto a sus colegas de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia evaluarán los pasos a seguir respecto de la puja con el tribunal. Otra de las presentaciones que se haría refiere a explicar a los miembros de la Corte el cambio de contexto económico (salida de la Convertibilidad) que se dio desde la creación del corralito hasta ahora. “La razonabilidad jurídica debe tener en cuenta el contexto”, explicó la fuente a este diario.