ECONOMíA › DECLARACIóN DE SOLIDARIDAD ANTE EL FALLO BUITRE

Apoyo británico a la Argentina

Un grupo de parlamentarios, economistas, periodistas, sindicalistas, activistas y catedráticos británicos se manifestó ayer a favor de la postura argentina contra los holdouts, al presentar una declaración de “solidaridad con Argentina contra los fondos buitre” en la Embajada Argentina en Londres.

La representación diplomática informó que la nota lleva la firma de un amplio grupo de parlamentarios de varios partidos, economistas, intelectuales, periodistas, referentes de la opinión pública local, sindicalistas y activistas británicos, quienes sumaron sus nombres a una declaración de “Solidaridad con la Argentina contra los fondos buitre”. El texto repudió a la Corte Suprema de Estados Unidos por rechazar la apelación argentina y advirtió sobre el peligro que el fallo conlleva para los procesos de reestructuración de deuda. Los firmantes, la mayoría académicos de las universidades de Londres, Leeds, Cambridge y la London School of Economics, entre otras, exhortaron a los principales organismos reguladores internacionales a “rechazar la decisión de la Corte Suprema (de Estados Unidos) y a trabajar en la creación de un mecanismo de arbitraje para deudas soberanas que sea transparente, independiente y justo”.

También gran parte del arco político parlamentario del Reino Unido adhirió al repudio, después de que más de cien parlamentarios presentaran una moción contra el accionar de los especuladores y a favor de la Argentina, el pasado 4 de junio. “Condenamos la decisión de la Corte que rechazó la apelación argentina contra fondos que se dedican a comprar deuda devaluada a precio vil a sus tenedores originales para obtener ganancias extraordinarias a través de litigios”, expresaron en la declaración formal. El grupo multisectorial llamó a impulsar propuestas legislativas para impedir que los fondos buitre ignoren los procesos de reestructuración de deuda en los casos de Argentina y Grecia en los tribunales británicos y apoyaron la creación de un mecanismo de arbitraje para deudas soberanas que sea transparente, independiente y justo, como sugirió el grupo de cien parlamentarios.

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